Respuesta de Acnur a Bolivia
> La Cancillería boliviana consultó respecto al alcance de la protección que tiene un refugiado político, a raíz de diversas declaraciones emitidas por el expresidente Evo Morales, actualmente refugiado en Argentina
La Cancillería del Estado boliviano informó que ayer recibió la respuesta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), respecto a la solicitud de opinión consultiva sobre el alcance de la protección que tiene un refugiado político, bajo la normativa internacional, por tanto, un refugiado no debe amenazar la estabilidad de su país de origen.
La Cancillería consultó en específico sobre el alcance de protección de la normativa internacional “cuando un refugiado emite opiniones políticas contraviniendo los principios generales del derecho del asilo y refugio, y realiza llamados a la violencia, la guerra, el odio, el conflicto armado y/o la privación de alimentos”. El pedido se lo hizo a raíz de diversas declaraciones realizadas por el expresidente Evo Morales, quien primero estuvo asilado en México y desde diciembre está en calidad de refugiado en Argentina, tras verse obligado a renunciar a la presidencia el pasado mes de noviembre de 2019.
“En respuesta, Acnur ha señalado, entre otros temas, que “la concesión de refugio o asilo no debe amenazar la soberanía, independencia política, integridad territorial y unidad nacional, o destruir la estabilidad política, económica o social de otro Estado, incluyendo el país de origen”, sostiene la Cancillería en su comunicado.
Asimismo, resalta que Acnur también indica que cuando un refugiado “propaga la guerra o aboga por el odio nacional, racial o religioso que llega al nivel de constituir incitación a la discriminación, hostilidad o violencia, el Estado Receptor es requerido a tomar medidas impidiendo al refugiado de tomar dichas conductas”.
En ese sentido, la Cancillería hizo un llamado “a los gobiernos que han concedido o se encuentran en proceso de concesión de asilo o refugio a ciudadanos bolivianos”, a tomar las medidas pertinentes para impedir que los refugiados incurran en actos hostiles “que amenazan la estabilidad política de Bolivia mediante discursos subversivos que llaman a la violencia, al odio, a la discriminación y/o a la guerra”.
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