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Enriquecimiento ilícito

Investigaciones contra propietario del periódico La Razón no prosperan

> Una investigación señala que la asignación de publicidad estatal a los medios de comunicación televisivos e impresos fue bastante “grosera”


CARMEN EVA GONZALES, SENADORA DE UNIDAD DEMÓCRATA.

Las investigaciones contra el empresario venezolano – paraguayo, Carlos G. R., quien precipitó las negociaciones con ejecutivos del Grupo Prisa, para la venta del paquete comunicacional que incluía a los periódicos La Razón y Extra, no prosperan, según denunció la senadora de Unidad Demócrata (UD), Carmen Eva Gonzales, en contacto con EL DIARIO.

La legisladora manifestó que si bien ya se convocaron a varias personas que en algún momento tuvieron alguna relación o contacto con los denunciados que son Carlos G. R., Alejandro A. S., Marcelo H. S. (quien se encuentra con detención preventiva), Jaime I. S. (contra quien cursa una orden de aprehensión), Carlos Rodolfo G. M., Josefa G. de G., Nicolás S. P., Sergio S. M., Rodrigo J. C., Andrea B. D., Enrique T. Q., José Luis V. L., Nicolás Leoncio A. A., Juan Carlos T. E., Alondra Janet M. I., Waldo Rodrigo C. U., Wilfredo Ch. S.; Luis Nolberto C. C., y Karina B. A., las investigaciones están avanzando lentamente.

“La Policía y el Ministerio Público están convocando uno a uno a todas estas personas que tuvieron que ver con este caso. Marcelo H. ya está con detención preventiva, pero se tiene que investigar al resto como Carlos G.”, explicó.

En ese marco, Gonzales aseveró que el Ministerio Público debe acelerar las investigaciones y establecer las responsabilidades de cada uno de los denunciados, ya que en semanas pasadas recibieron varios nombres de otros apoderados o “palos blancos”.

“Estos personajes han hecho todos los operativos abusivos porque se han sentido protegidos ante el paraguas del anterior gobierno, porque les fomentaba dándoles contratos millonarios, entonces tienen que sentarse responsabilidades”, aseguró.

Gonzales aclaró que su participación como denunciante se adecúa al rol de asambleísta nacional que defiende los intereses del Estado, al tratarse de empresas que evadieron millones de bolivianos al fisco a través de empresas fantasmas, primero, para hacerse de los medios y luego, acumular ganancias con la publicidad que les dio el gobierno de Evo Morales.

En esa línea, lamentó que el Servicio de Impuestos Nacionales haya ingresado en un silencio cómplice y no diga nada respecto a la millonaria deuda tributaria que tiene, por ejemplo, la Red PAT, manejado por José Luis V., quien según los excontadores, era el testaferro de Marcelo H. que administró estos medios convirtiendo a sus mismos funcionarios en “palos blancos”.

La legisladora refirió que las entidades que agrupan a empresarios de medios no se pronunciaron a la fecha, cuando deberían ser las más preocupadas por sentar un precedente para que en el país no vuelva a repetirse el “asalto a medios de comunicación privados”, a través de presiones o chantajes de parte de empresarios inescrupulosos que actúan bajo intereses políticos.

LA RAZÓN

De acuerdo con publicaciones de la H Parlante, desde su llegada al poder, en enero de 2006, el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) vivió un cerco mediático implacable. Los canales de televisión, sobre todo los cruceños, las radioemisoras más importantes y casi todos los impresos formaron una barrera protectora a fin de impedir los cambios prometidos por Evo Morales. Varios estudios demuestran (2008) la beligerancia de los medios privados en el período 2006-2008, en lo que podría caracterizarse como un cinturón de protección de las élites tradicionales contra los cambios constitucionales en marcha. 

Una indagación precisa del Observatorio Nacional de Medios (Onadem) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) concluía en 2007 que, con una sola excepción, la abrumadora mayoría de los 15 impresos investigados en el país prácticamente militaba en las filas de la oposición. No cabe duda de que el MAS se abrió paso a pesar de la bullanguera resistencia de periodistas, empresarios mediáticos y opinadores.

La piedra inaugural del lucrativo aparato comunicacional ya había sido colocada en enero de 2009, por el caraqueño de nacimiento, Carlos Gill Ramírez, quien adquirió de manos del grupo español Prisa las acciones del periódico “La Razón”, “El Extra” y, aparentemente, también las de la red ATB. 

Para la compra de los tres medios, este hombre, que posee nacionalidad española y fue criado en Asunción del Paraguay, usó como paraguas una empresa con sede en Barcelona denominada “Akaishi Investements”. De ese modo, lo que en su momento fueron las principales empresas de la familia Garafulic pasaron a convertirse en los mascarones de proa de un nuevo imperio mediático al servicio de Evo Morales y su partido. 

Las conexiones de Gill Ramírez con el gobierno anterior están plenamente confesadas. Representa en La Paz a la firma austriaca Doppelmayr, que obtuvo del erario público y sin licitación, más de 700 millones de dólares por edificar el sistema de transporte por cable de la sede de gobierno. Todo ese dinero salió de las bóvedas del Banco Central de Bolivia o de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, Gill construyó todas las estaciones del teleférico y es el rey de los escasos ferrocarriles bolivianos que transportan soya y otros bienes transables hacia los puertos más cercanos. 

Para ganar justamente cercanía, en octubre de 2009, Gill designa al periodista Edwin Herrera como director de su nuevo diario paceño. Antes de desprenderse de sus acciones en ATB, el para entonces misterioso empresario coloca al mando del canal a Jaime Iturri, convertido hoy en el primer millonario del MAS con residencia en Buenos Aires. 

Herrera e Iturri compartían un rasgo en común. Ambos eran periodistas edilicios, es decir, cumplían tareas en la exitosa administración de Juan del Granado, en ese momento firme aliado del MAS.  

En 2009, los nombres de las cabezas ejecutivas de ATB y “La Razón” habían salido de los cenáculos internos del gobierno. Como recompensa, los negocios para Gill no tardarían en fluir. El principal de todos fue la asignación de publicidad estatal, que Iván Canelas y sus sucesores (Dávila, Paco, López y Canelas) se encargarían de franquear generosamente a los MAS-media. (EL DIARIO – H Parlante)

 
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