Vendedoras de pescado en huelga de hambre en El Alto

Un grupo de 60 mujeres vendedoras de pescado en la ciudad de El Alto cumple una semana de huelga de hambre ante la negativa de la Alcaldía Municipal de cumplir la Resolución Constitucional N° 171/2019, emitida el 23 de octubre de 2019 que ordena la restitución de 255 puestos de venta a favor de la Asociación de Comerciantes Minoristas Central Pescaderas de la Ciudad de El Alto en la zona Villa Tunari del Distrito 4.

La extrema medida se inició el lunes 2 de marzo en la Iglesia Virgen de Urkupiña, situado en la Mercado Campesino, hasta donde acudió gente vinculada con la alcaldía de El Alto y del director Nacional del Fondo Indígena, Rafael Quispe, para persuadirlas a suspender la huelga que coincidió con el 35 aniversario de creación de El Alto.

Entre llanto y dolor, las mujeres de pollera -una gran parte de ellas de la tercera edad- manifestaron que están dispuestas a ofrendar sus vidas por el derecho al trabajo y al sustento diario de sus hogares, toda vez que el calvario que viven se remonta hace siete años.

En esa época fueron desalojadas por una intervención de fuerza de parte de la alcaldía alteña en base a una Resolución Municipal obtenida con documentación fraudulenta que fue evidenciada durante la audiencia de acción de amparo en la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia.

“Estamos abandonadas a nuestra suerte, pocos medios de prensa nos han hecho cobertura y hemos vuelto a recibir la indiferencia de la alcalde Soledad Chapetón, vamos a seguir en nuestra lucha porque la justicia nos ha dado la razón y ha ordenado la restitución”, dijo Daría Colquehuanca, quien a gritos pidió pedía atención de las autoridades ediles alteñas.

El abogado de la Asociación pidió a la Sala Constitucional calificar una multa con Bs. 3.000 diarios y de manera progresiva por incumplimiento de la Resolución Constitucional N° 171/2019, emitida el 23 de octubre de 2013, que determina el regreso de 255 mujeres a sus puestos de venta de pescado. El siguiente paso es la calificación de un posible delito por incumplimiento de resoluciones de amparo, resoluciones contrarias a la Constitución Política y las leyes, indicó su abogado Víctor Hugo Espinoza.(Erbol)