Investigadora plantea pedir inspección ocular en el Silala

La investigadora boliviana Ofelia Michel Rico recomendó al Gobierno que solicite a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, una inspección ocular a la región de los manantiales del Silala para que peritos comprueben in situ la tesis boliviana que dice que no se trata de un “río” de cauce internacional como insiste Chile en la demanda que presentó contra Bolivia ante el tribunal internacional.

Después que el actual gobierno reveló en febrero que su antecesor prácticamente admitió en el proceso judicial que el Silala es un afluente internacional compartido entre ambos estados, expertos en el tema, como es el caso de Michel, insisten en que Bolivia aún puede contrarrestar este hecho solicitando una inspección ocular al lugar de los manantiales ubicados en el Cantón Quetena Chico del departamento de Potosí, cerca de la frontera con Chile.

Bolivia, como país demandado puede solicitar esta inspección contemplada en los artículos 42 al 52 del Estatuto del alto tribunal, en ese marco, la CIJ estaría en la obligación de mandar peritos a comprobar la situación del lugar en conflicto.

En febrero pasado, el Gobierno de la presidenta Jeanine Añez anticipó una segunda derrota de Bolivia ante la CIJ de La Haya en la demanda que Chile presentó por el uso de las aguas del Silala en el gobierno del MAS, porque ya no está en discusión si se trata o no de aguas compartidas, sino qué se va hacer con los canales artificiales.

Tanto la canciller Karen Longaric como el agente Jaime Aparicio responsabilizaron al expresidente Evo Morales, a los excancilleres y al exagente Eduardo Rodríguez Veltzé de un manejo “irresponsable” y sin estudios técnicos previos del tema.

Longaric y Aparicio, designado como agente de Bolivia ante La Haya, realizaron sus primeras reuniones con el equipo de abogados y expertos que defienden a Bolivia en el proceso que instauró Chile contra nuestro país. En dichos encuentros recibieron un informe de cómo va el proceso en el tribunal internacional.

La investigadora Michel sostiene que los manantiales del Silala son bolsones subterráneos de agua inmensos, que no desbordaban agua a ningún lado, fue mediante detonaciones de explosivos que se consiguió que el líquido elemento fluya y mediante obras de ingeniería entre canales y tuberías subterráneas que se logró conducir una corriente hacia territorio chileno, esta situación se mantuvo por el lapso de un siglo.

“Desde el momento en que la Bolivian Railway pide permiso al estado boliviano por una concesión de aguas le está reconociendo un derecho”, señaló.

Según Michel, durante el gobierno de Evo Morales el 2008 este entrega un documento secreto a Chile en el que establece que tiene derecho a usar las aguas en cuestión, posteriormente en 2009 Chile elabora un preacuerdo en el que manifiesta que desea pagar por el uso de estas aguas y la cancillería en ese entonces dirigida por David Choquehuanca, convocó a representantes y expertos en el tema para socializar este documento sin la posibilidad de analizarlo. En el acuerdo, ya pactado, Bolivia, supuestamente, le perdona la deuda centenaria que Chile había acumulado por el uso de las aguas.

Según reportes de la prensa chilena que la investigadora Ofelia Michel presentó a Choquehuanca en ese momento, un acuerdo ya se había firmado entre el Gobierno boliviano mediante sus representantes Evo Morales, David Choquehuanca y Hugo Fernández, en Santiago, donde se detalla que ya habían firmado un preacuerdo, y que parte del arreglo económico ya estaba siendo percibido por Morales.

El año 2011, según el relato de la investigadora, tuvieron lugar nuevas negociaciones secretas en las que se firmaron cinco minutas, cuatro que hacían referencia al tema marítimo y la restante con relación a las aguas del Silala. En estas se ratificaba el convenio que no fue aceptado por los representantes cívicos e investigadores entendidos en el tema el año 2009.

Es con estos tres documentos obtenidos de los gobernantes del momento que Chile inicia su demanda en contra del estado boliviano por el uso de las aguas del Silala. Este que en un principio era un problema entre dos privados terminó convirtiéndose en un caso entre dos estados, señaló Michel, quien en ese momento presentó una propuesta de contra demanda la cual fue ignorada así como estudios recientes elaborados por la universidad Tomás Frías a través de su Instituto de Investigación y Medio Ambiente que consta de cuatro tomos relacionados al estudio de este caso, en el que se niega la posibilidad de la existencia de un rio y por el contrario señala que se perforó el terreno para provocar el desborde de agua que posteriormente fue canalizado hacia territorio chileno.

NUEVO ESCENARIO

En enero, la Canciller Karen Longaric, informó que el Gobierno trabaja en la presentación de la fase oral en la defensa de la demanda chilena sobre las Aguas del Silala.

En febrero, Longaric y Aparicio sostuvieron las primeras reuniones con el equipo de juristas en La Haya, momento en que también se confirmó el alejamiento de varios juristas internacionales del equipo de defensa boliviano como es el caso de Antonio Remiro Brotons, Mathias Forteau y Monique Chemiller.

En ese escenario, el Gobierno tiene dos misiones; reestructurar el equipo de defensa boliviano y preparar la defensa de los alegatos orales que hasta el momento no tienen fecha.

Después de los encuentros y a pesar que no pueden divulgar detalles del mismo por norma de La Haya, el agente Aparicio adelantó que en esta nueva fase que ya concluyó con la presentación de los alegatos escritos, el escenario cambió porque ya ni siquiera está en discusión si se trata de un río internacional como argumenta Chile, o son manantiales naturales como sostiene Bolivia.

“La realidad es que se ha consolidado el tema de que son aguas naturales compartidas entre Bolivia y Chile. Eso ya no va a estar en discusión a partir de ahora. Los temas que van a estar en discusión los ha mencionado la Canciller (como) los canales, qué se va hacer con esos canales”, dijo Aparicio desde La Haya.

El diplomático enfatizó en la idea de que cuando el Gobierno actual tomó conocimiento de este proceso es “bajo una realidad distinta” y ya no es trascendental que la Corte diga si se trata de un “río internacional” o son bofedales, porque el mismo proceso avanzó dando un viraje distinto. Responsabilizó del hecho al gobierno de Evo Morales y su “falta de institucionalidad, falta de coherencias y falta de estudios”.