Ciudad aprisionada por el MAS

La ciudad de El Alto que fuera creada mediante Ley 728 de 1985, como cuarta sección municipal de la provincia Murillo y, posteriormente, por Ley 1.014 de 26 de septiembre de 1988 elevada a rango de ciudad, nuevamente fue escenario de actos violentos ocurridos en la víspera de su 35 aniversario.

Por si fuera poco, fueron organizadas dos sesiones de honor que terminaron en gasificación e insultos contra el gobierno de Jeanine Áñez. La primera en la zona 25 de Julio, Distrito 8, donde se realizó la sesión de Honor de la Cámara de Senadores, cuyo saldo fue la agresión desmedida hacia los parlamentarios de oposición y, la segunda, en inmediaciones de La Ceja, luego de la sesión del Honorable Concejo Municipal.

Tales incidentes eran de esperarse, luego de las declaraciones imprudentes de Eva Copa, presidenta del Senado, quién recomendara –aunque más bien pareció una “advertencia tácita”-, evitar acercarse a sectores sensibles de la urbe alteña a los candidatos contrarios al MAS, alegando que aún existen secuelas del conflicto social pos electoral de octubre de 2019.

Definitivamente, la joven ciudad se ha convertido en el bastión urbano aprisionado por los resabios de una dirigencia anárquica y radical masista, que no logra comprender que la época de disfrute del poder concluyó con la caída de su caudillo que, a fuerza de manipulación de normas jurídicas y la CPE, extendiera su mandato de forma ilegal e inconstitucional por 14 años.

Al parecer, les resulta escabroso asimilar que los tiempos cambiaron y que su líder populista Evo Morales los abandonó y prefirió el “dulce exilio voluntario”, antes que afrontar las graves acusaciones que pesan en su contra, cuyas pruebas -hasta ahora- lo identifican como el principal responsable de los hechos luctuosos acaecidos en esa ciudad, al igual que en Cochabamba, luego de su renuncia y posterior abandono voluntario del país con destino a México, desde donde incitara al terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo.

Cómo olvidar los incidentes nefastos de violencia, discriminación y acciones terroristas, llevadas a extremos inimaginables por una dirigencia delictiva incrustada en el interior del MAS, apreciándose incluso a exautoridades, asambleístas, candidatos electos y dirigentes del ala radical, que incitaban a cometer ilícitos, sembrando pánico en la ciudadanía, movilizando a pobladores hacia el centro paceño a cambio de pagos de dinero; la destrucción de infraestructura y bienes públicos como la Pasarella de la Avenida 6 de marzo, el intento de destruir la planta de YPFB en Senkata y que fuera oportunamente controlada por las fuerzas de seguridad del Estado.

A ellos se agregan episodios vandálicos vergonzosos, como la quema de instalaciones del gobierno municipal, el atentado al domicilio particular de la alcaldesa Soledad Chapetón; la quema y destrucción de instalaciones de Tránsito y la FELCC; el saqueo selectivo de mercadería, mobiliario e infraestructura de almacenes de la Aduana Nacional, así como el robo masivo de abarrotes y otros enseres que fueran registrados por los medios de comunicación.

Flaco favor le hace la dirigencia masista a los esfuerzos gubernamentales por reencauzar la reconciliación y la paz social, tan esenciales para cerrar heridas que ellos, junto al autócrata cocalero, provocaron.

Su afán de confrontación los llevó a promover agendas paralelas para homenajear a esta urbe, generando un divisionismo innecesario guiados por su obcecada intención anarquista y que tiende a constituirse en un preludio peligroso, no solo para la presencia de los partidos políticos que tienen el legítimo derecho de sentar presencia en este y otros puntos del país, sino, sobre todo, que afecta a una ciudadanía que simplemente quiere vivir en paz, seguridad, bienestar y ser partícipe de un proceso electoral limpio y pacífico, tan vital para la consolidación de la democracia en Bolivia.

El autor es MGR. Docente e investigador.