El indefenso Ministro de Defensa

En esta danza surrealista de cabriolas políticas, a la que nos tiene acostumbrado el régimen masista desde la Argentina, donde radica el líder cocalero, se coordina una estrategia de campaña electoral consistente en desestabilizar al gobierno de la presidenta Áñez, apelando a una de las armas más arteras, como es la de utilizar los dos tercios de la Asamblea Legislativa, que se le preservó graciosamente, para censurar a sus ministros más notables, como ocurrió con el Ministro de Defensa.

De hecho, dicha censura no habría surtido ningún efecto, ya que la autoridad que se quiso censurar no se hallaba presente en el hemiciclo parlamentario, como manda la Constitución para este tipo de casos, por encontrarse en el interior del país atendiendo los desastres naturales ocasionados por las últimas lluvias y, por tanto, ante dicha irregularidad la ratificación presidencial era procedente.

Sin embargo, aduciendo el fiel cumplimiento de la Constitución, la presidenta asumió la determinación del poder legislativo, dejando sin efecto la designación del Ministro de Defensa, para no incurrir en las prácticas del régimen pasado que, durante los 14 años que duró su autocracia, ningún miembro del gabinete fue censurado, como fue el caso de la exministra Nemesia Achacollo, que por el contrario, salió con vítores y aplausos del Hemiciclo parlamentario, pese a los graves y probados cargos de corrupción en el Fondo de Desarrollo Campesino.

No quepa la menor duda que, desde el principio de este gobierno, el ministro Luis Fernando López se constituyó en el blanco de los bandidos que se apoderaron de las tierras aptas para el cultivo de la coca y el procesamiento de la droga, como el Chapare, convertido en un Estado dentro del nuestro, cuya inexpugnabilidad parecía inquebrantable. Algo similar aconteció con el famoso aeropuerto de Chimoré, al que los bolivianos sólo conocíamos por rumores. Hoy, esos mitos cayeron, fruto de la determinación y valentía del ministro cesado, se plasmaron en realidad, y sin el peligro de ser uno asesinado por el solo hecho de visitarlos.

Ha quedado claro que la burda estrategia se mantiene vigente, y que los facciosos no dudaran en volver a la carga manteniendo en capilla a otros ministros, con el objetivo de apartarlos de las averiguaciones que se tiene en curso, tanto en los estrados nacionales, como internacionales, por la comisión de varios delitos, como la violación de los derechos humanos y su complicidad con el narcotráfico.

Huelga todo comentario sobre otros dignatarios de Estado, sobre cuyas cabezas pende la espada de Damocles por su bizarra lucha contra aquellas actividades delincuenciales que dejó de herencia el prófugo. Es el caso del ministro Arturo Murillo que, en apenas 90 días, desarticuló varias células del narcotráfico, granjeándose una próxima convocatoria al patíbulo congresal, donde los pícaros remanentes de esas organizaciones criminales han fundado su Estado Mayor.

Como no hay inventor que no caiga en su invento, el artículo 158-18 de la CPE de 2009, creada por el MAS, si bien contempla la destitución de un ministro censurado, no menciona nada sobre su destino luego de su despido, y menos prohíbe su readmisión.