Procurador General del Estado
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó el pedido de medidas cautelares del exministro Carlos Romero, quien argumentó que su libertad de libre locomoción fue vulnerada cuando grupos ciudadanos guardaban vigilia afueras de su domicilio en la zona de Sopocachi y afirmó ser un perseguido político, dio a conocer ayer el procurador general del Estado (PGE), José María Cabrera.
Cabrera explicó que la negativa de la CIDH, conforme a derecho, se registra luego de que la PGE replicara y reprochara el pedido de Romero, actualmente recluido por caso de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn).
“Luego de conocer la CIDH las argumentaciones de réplica y reproche por parte del Estado boliviano, desvirtuando esas aseveraciones, finalmente la CIDH, reencausando, conforme a derecho, su criterio, en cuanto a los casos ocurridos en Bolivia en todas estas semanas y meses, hoy remitió la carta dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores haciendo conocer el rechazo de esa medida cautelar”, informó Cabrera.
Cabrera recordó que, semanas atrás, la PGE remitió a la CIDH una carta oficial de reclamación por la aplicación de un doble estándar en el tratamiento desigualitario de los casos de cientos de bolivianos que no fueron escuchados en los 14 años anteriores durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), y el trato diferenciado a las denuncias presentadas en las recientes semanas.
“(Romero) formuló su solicitud y reclamación ante la CIDH, alegando que tenía una condición de perseguido político, que se estaba vulnerando contra su libertad de locomoción (...)”, recordó Cabrera.
El 19 de febrero, el Procurador General del Estado entregó una carta y observación a la CIDH, en la que le cuestiona su posición “sesgada” respecto a las solicitudes de medidas cautelares de ciudadanos bolivianos.
En la misiva, se cuestionaba que, desde diciembre de 2019 a la fecha, la CIDH transmitió al Estado boliviano cinco solicitudes de medidas cautelares, de las cuales, en tres decidieron otorgar medidas de protección en tiempo récord.
No obstante, entre 2006 y 2018 la CIDH recibió 115 solicitudes de medidas cautelares, de las que solo fueron otorgadas tres, lo que evidencia una falta de celeridad en años anteriores, y una inusitada frecuencia en los últimos meses. (ABI)
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