> Fiscalía iniciará de oficio procesos penales en contra de personas que obstaculicen el acceso a la salud
Tras conocerse que en varias ciudades del país, principalmente Santa Cruz, se impide a pacientes con sospechas de Covid-19 su ingreso a hospitales, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, recordó que ello constituye un delito y advirtió que caerá “todo el peso de la ley” a quienes saboteen atención a pacientes con coronavirus.
“La gente que está provocando bloqueos y caos, para que el Gobierno no atienda a ciudadanos en la lucha contra el coronavirus, está actuando contra la ley. El artículo 216 del Código Penal implica el delito contra la salud pública con una pena privativa de libertad de 1 a 10 años”, dice parte del comunicado emitido por el Ministerio de Gobierno.
Por otro lado, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó ayer que el Ministerio Público iniciará procesos penales de oficio contra todas las personas que obstaculicen el acceso a la salud de los afectados por el coronavirus (covid - 19), y se hará prevalecer la Constitución Política del Estado que garantiza el derecho fundamental a la salud para que, de esta manera, se eviten los bloqueos en los centros de salud como ocurrió el jueves en algunos departamentos del país.
La activista social de El Alto, Guadalupe Daza, lamentó que en la urbe alteña algunos “pseudo- dirigentes” vecinales hayan manifestado que no permitirán el ingreso o acceso a los centros de salud de probables enfermos de coronavirus.
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