Muchas veces, después de la caída estrepitosa del régimen masista en noviembre pasado, algunos de sus dirigentes han expresado la intención de “ayudar a promover la paz en el país” y también señalaron su deseo de “contribuir a que sus huestes no compliquen la vida de la población con hechos extremos, con la puesta en práctica de amenazas proferidas por su jefe y caudillo que anunció cercar a las ciudades, privarlas de alimentos y de agua”.
¿En qué quedan esas declaraciones de paz y concordia? Los hechos protagonizados por las hordas del MAS en la ciudad de El Alto, el jueves 5 de marzo, son hechos delictivos que han causado mucho daño, han intranquilizado a la población y han sembrado temor en mujeres, niños y ancianos que han resultado víctimas de los desbordes producidos. Bienes públicos han sido destruidos y obras de bien común han sufrido deterioros serios por la acción vandálica de quienes parecen decididos a sembrar terror.
El país ha vivido, casi durante 14 años, atropellos a su economía, a su vida política y social, asaltos a sus bienes, abusos a los derechos humanos y una serie de tropelías cometidas por quienes creyeron que “el pueblo debe ser dominado por la fuerza, porque el MAS debe apoderarse de todo el país”. Todo muestra que la militancia masista considera que su accionar debe estar dirigido a “reivindicar o vengar la caída de su caudillo y jefe”; parecen considerar que “el poder debía ser indefinidamente de ellos y que todo el pueblo ha perdido sus derechos”; solo así se puede calificar conductas vandálicas desarrolladas sin freno en El Alto contra las autoridades y la población.
El gobierno, conforme a preceptos claros de las leyes, debe asumir la defensa de la población y de las instituciones contra acciones que son criminales y contrarias a todos los derechos de una población que merece vivir en paz y desarrollar sus actividades normalmente. No caben ya las conductas del “dejar hacer y dejar pasar” que, más temprano que tarde, crean situaciones de impunidad para quienes obran en sentido contrario a los derechos a la vida que tiene la comunidad nacional.
Los dirigentes masistas deberían tener en cuenta que el pueblo no acepta ser sojuzgado y maltratado; que más temprano que tarde reacciona y asume posiciones en contra de los que abusan, lastiman, hieren y causan daño. Los pobladores de El Alto, como toda población nacional, merecen vivir en paz y tranquilidad, libres de atentados contra su seguridad y vida; sus bienes privados y los públicos deben ser respetados y conservados y tener las mejores condiciones de vida tranquila, solo atenida a las leyes y la Constitución. El MAS cuanto más acciones negativas desarrolle, más repudio de la población habrá conseguido y ello, política y moralmente, no le conviene porque como fuerza política podría tener vigencia futura si respeta a la comunidad.
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