Víctimas sufren 3 cargas en justicia

Las víctimas que inician procesos civiles o penales, sufren tres cargas, una emocional por el sobredimensionamiento del tiempo y otra económica que se suma a medida que van ampliando los plazos, indicó el abogado de la familia de Ana Lorena Torres, joven que murió en el atraco frustrado de la joyería Eurochronos, Jorge Santistevan, quien lleva más de dos años buscando al responsable del hecho.

“Todas las víctimas llevan en las espaldas tres cargas, uno por el sobredimensionamiento del plazo del tiempo de investigación, una carga emocional cuando se presenta en las audiencias y se tienen que escuchar testimonios y declaraciones cargadas de difamaciones y por su puesto una carga económica que es sumamente cuantiosa, a medida que se siguen ampliando los plazos. Estos tres tipos de elementos contrarios a las víctimas son los que generalmente suceden”, apuntó el jurista.

EUROCHRONOS

El jurista informó que el lunes, la juez del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto, Marianela Salazar, firmó el edicto para que los efectivos policiales imputados en el caso Eurochronos se presenten y comparezcan en el proceso que se les sigue para asumir defensa.

“Tienen un plazo de diez días para que ellos se presenten y asuman su defensa correspondiente, caso contrario serán declarados rebeldes y serán procesado de acuerdo a la norma, que es la aprehensión de los cuatro efectivos policiales dos en servicio activo, y dos dados de baja”, dijo.

Aclaró que uno de los edictos se publicó ayer y en cinco días otro, con esas dos publicaciones se concretaría lo dispuesto por la juez y se espera que hasta el día 30 se efectivice la audiencia que fue suspendida el 3 de marzo.

Santistevan aclaró que cada edicto que se emite, corre por cuenta de las víctimas.

“Un edicto es sumamente costoso y eso va a la carga de la víctima, que además de hacerse cargo de este tipo de gastos que son sumamente costosos, también tiene gastos extras”, aseveró.

DATOS

El 3 de marzo, a tiempo de suspender la audiencia de medidas cautelares, la jueza Mariela Salazar determinó que la misma se realice el 30 de marzo, a las 15:15, y que los acusados sean notificados por edicto de prensa.

Entre los acusados están Gonzalo M., Fernando M., Jorge S. y Roberto R., los dos primeros son jefes policiales que están con detención preventiva por el caso de Pedro Montenegro y que fueron dados de baja tras conocerse sus supuestos vínculos con el narcotraficante Pedro Montenegro.

Los otros dos agentes son policías en servicio activo y eran miembros del Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (Daci).

El Ministerio Público investiga quién o quiénes tuvieron participación y responsabilidad sobre la muerte de Ana Lorena Torres, la administradora de la joyería que fue atracada el 13 de julio de 2017.

Ese día, durante el enfrentamiento entre los policías y los asaltantes que intentaban escapar con los objetos robados, Ana Lorena fue abatida con un disparo de arma de fuego.

Las investigaciones y peritajes posteriores permitieron descubrir que el proyectil que le quitó la vida a la joven no fue disparado por una de las armas de los asaltantes, como en principio aseveraban el Gobierno y los jefes policiales de aquel momento.

Según las pericias, el calibre de la munición pudo ser de una de las armas que usaron los policías, que irrumpieron en el lugar acabando con la vida de tres de los cuatro atracadores.

El 27 de febrero de 2020, el Juzgado del Tribunal Octavo de Sentencia sentenció, a 30 años de cárcel a Edwin Erick Landívar Dorado y a cinco años a Sandra Guzmán Vaca.