El Órgano Ejecutivo, presidido por la señora Jeanine Áñez, ha dictado 11 medidas de tipo preventivo para evitar la expansión del coronavirus, de aplicación en todo el territorio nacional. No es el único Órgano del Estado que lo hace, a su vez la Asamblea Legislativa prepara otro conjunto de leyes en gran medida coincidentes, todo esto además de las determinadas por los gobiernos departamentales y municipales.
Este conjunto de previsiones administrativas no tendrían cabida sino estuvieren precedidas de un compromiso moral previo de la población boliviana, compromiso que pone a prueba el grado que, en realidad, tendríamos de nuestro comportamiento de sentido nacional, de cooperación de unos a otros, de pertenencia untaría político-social y de nuestra capacidad de solidaridad y empatía de unos hacia otros. Estos parámetros de nacionalidad no siempre han traslucido como efectivos, temática álgida que debe verse plasmada en la medida del desarrollo de la emergencia.
Entre las medidas del Ejecutivo, destaca la obligatoriedad de permanecer en las viviendas desde horas 17 a 5 a.m.; prohibición de toda actividad social, que supone reunión de personas; las fronteras del país se cerrarán del 20 hasta al 31de marzo; el transporte circulará únicamente desde las 5 a.m. hasta las 18; desde el día 21 se suspende el transporte terrestre, fluvial y marítimo de carácter, internacional, interdepartamental e interprovincial.
Frente a estas disposiciones del Gobierno central, la Asamblea Legislativa --y más propiamente los dos tercios del MAS-- no ha permanecido indiferente, de manera que plantea una especie de competencia. Ambos órganos pugnan por quién logra más méritos ante la sociedad, confrontando leyes versus decretos supremos. De momento, el Senado aprobó y remitió a Diputados dos proyectos de ley. Uno de Gratuidad de atención médica por el coronavirus, facultando también recurrir a la Medicina Tradicional para el tratamiento. El otro proyecto dispone una Excepción y Reprogramación de Pagos de Créditos a la Banca e instituciones financieras, se supone por el tiempo de la emergencia; la misma disposición se refiere a una pausa financiera en los pagos por los Servicios Básicos de Agua, Luz y Gas, los que podrán ser reprogramados.
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