José Luis Santistevan Justiniano
La Constitución Política del Estado (CPE) prioriza la protección de los derechos a la vida, integridad física, alimentación y salud (Arts. 15, 16 y 18). Las donaciones externas son al Estado, No al gobierno, los créditos concedidos del Banco Central y organismos internacionales, más los recursos del TGN, los asumen y devolverán los ciudadanos. En ese orden, los bonos de alimentación No constituyen beneficios porque su distribución proviene de recursos que pertenecen a los bolivianos. Constituyen una medida de necesidad de recursos frente a la restricción (cuarentena) al trabajo y locomoción que hace el Estado.
El gobierno transitorio se encuentra bajo la administración centralizada que supera los 1.500 millones dólares recibidos para combatir el COVID-19 (donaciones, créditos, préstamos BCB, recursos TGN).
En tiempos de emergencia los principios de publicidad y transparencia establecidos por CPE (Art.232) No quedan sin efecto, al contrario, los recursos que sean destinados deben ser utilizados con la mayor publicidad y máxima optimización posible. Es importante aclarar que la cooperación internacional No administra los recursos del país.
¿Cómo se está gastando los recursos COVID-19?
Primero; el gobierno transitorio de Jeanine Áñez dictó el Decreto Supremo 4.174, 04 marzo 2020, y autoriza al Ministerio de Salud la contratación directa de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico, y servicios de consultoría de personal en salud, para la prevención, control y atención de la “emergencia de salud pública de importancia internacional” provocada por el coronavirus (COVID-19).
El Ministerio de Salud mediante Resolución Ministerial No. 0135, 19 marzo 2020 (modificado por Res. 0143), aprueba el Reglamento de Contrataciones Directas sin límite de monto para ser desarrolladas con recursos de COVID-19 en las instancias internas del ministerio. Luego, mediante Resolución Ministerial 0137, 19 marzo 2020, designa a María Julia Iriarte Sánchez como responsable de los procesos de contratación directa con los recursos del Ministerio de Salud.
¿Cuántos procesos y recursos COVID-19 han sido contratados en el Ministerio de Salud? Hasta ahora no se tiene conocimiento en el SICOES. ¿Por qué no fueron publicadas las contrataciones?
Segundo; mediante el DS 27.943, 20 diciembre 2004, se restablece y crea la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS), como una Institución Pública Descentralizada de prestación de servicios, que asume funciones operativas delegadas por el Ministro de Salud, para realizar compras directas. El gobierno transitorio de Jeanine Áñez dicta el DS 4.201, 25 marzo 2020, y le otorga al CEASS la atribución para realizar CONTRATACIONES DIRECTAS sin límite de montos.
La CEASS amparada en el decreto 4.201 tiene acción directa sobre el financiamiento, contratación directa y transferencias de recursos, incluso se la ha eximido del cumplimiento de requisitos del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias aprobado por DS 3.607, 27 junio 2018.
Sin embargo, el DS 4.201 dictado por la presidenta No exime a las CEASS de publicar las contrataciones en el SICOES (salvo las compras por seguridad del Estado). Toda compra directa también debe ser remitida a la Contraloría del Estado para ser auditada, y posteriormente remitida a la Asamblea Legislativa conforme a ley 1.293.
La CEASS está encargada del abastecimiento, provisión, almacenamiento, comercialización, suministro, donación y distribución de medicamentos esenciales, insumos médicos, reactivos de laboratorio y productos complementarios de salud, asegurando su disponibilidad a nivel nacional y accesibilidad con bajos precios.
Los ciudadanos necesitamos conocer la publicidad de las contrataciones a cargo de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la CEASS, que hoy está administrando millones de recursos en forma directa. Se tiene conocimiento que la MAE es Victoria de Urioste Blanco. ¿Quiénes más conforman la CEASS y cuál es el procedimiento de contrataciones directas? ¿El reglamento de la CEASS ha sido modificado para el COVID-19? ¿Cuántos procesos y recursos COVID-19 han sido contratados en la CEASS? Esta información debe ser pública.
También se tiene conocimiento de que se ha adquirido equipos (respiradores y otros) de una empresa extranjera y otra nacional. La publicidad de las contrataciones directas (SICOES y otros mecanismos) permitirá a los ciudadanos saber cuáles son esas empresas, su conformación y socios propietarios; cuántos recursos de donaciones y créditos se está gastando en comprar equipos e insumos; de qué marca son y por cuál vía se los está adquiriendo, tanto en el Ministerio de Salud como en la CEASS.
Las funciones están siendo desarrolladas sin coordinación con las autoridades autónomas, eso disminuye la efectividad de las acciones. Una instancia de coordinación del gobierno nacional, gobernadores y alcaldes de cada departamento, no solo ciudades capitales, podrá cubrir las necesidades de los 342 municipios (9 indígenas). También así se puede optimizar y transparentar los recursos.
La publicidad y transparencia en la disposición de recursos permitirá que nunca MAS se repita otra historia infame como la del Fondo Indígena.
El autor es M.Sc., abogado constitucionalista.
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