- Siguenos:
Captaban victimas por Facebook
Gabriela M.V.S. y Pablo R.L.Y., fueron enviados con detención preventiva por seis meses, imputados por la presunta comisión del delito de proxenetismo cometido en dos hechos distintos, informó el miércoles el fiscal Departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío. Las medidas deberán ser cumplidas en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes y en el penal de Q’alahuma, respectivamente.
La acusada de sexo femenino guarda parentesco cercano con la Defensora del Pueblo de La Paz; quien, a través de un comunicado, emitido este jueves, la recordó que la responsabilidad penal es “intuitu personae” y exhortó a realizar las investigaciones pertinentes en el marco del debido proceso para el establecimiento de la verdad.
La audiencia virtual de medidas cautelares de Gabriela M.V.S. se desarrolló la tarde del miércoles, donde la Fiscalía demostró los indicios suficientes de probabilidad de autoría de quien aparentemente captaba señoritas mediante cuentas falsas de Facebook, para ofrecerles trabajo con una remuneración de 400 a 500 bolivianos, con el fin ilícito de ofrecer servicios sexuales a clientes circunstanciales.
Una de las víctimas presentó la denuncia ante la División de Trata de Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), instancia que procedió a la aprehensión de Gabriela el martes 14 de abril en la zona de Sopocachi para posteriormente ponerla a disposición del Ministerio Público.
En el segundo caso, el martes 14 de abril se procedió a la aprehensión de Pablo R.L.Y en la zona de Alto Pasankeri, luego de haber sido encontrado con pornografía de víctimas que fueron fotografiadas en su teléfono celular. Aparentemente el sujeto utilizaba las imágenes para publicitar trabajo sexual a través de redes sociales.
De acuerdo a las investigaciones preliminares, se presume que Pablo captaba a las víctimas a través de Facebook y WhatsApp, las citaba en alojamientos y mantenía relaciones sexuales con ellas a cambio de trabajo.
En las dos audiencias virtuales, El Ministerio Público acreditó la existencia de los riesgos procesales de peligro de obstaculización y peligro de fuga por lo que la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva.
