Mayel Sunagua C.
La pandemia por el COVID-19 estadísticamente está presentando un comportamiento “particular” en Bolivia, atribuible, sin lugar a dudas, al número reducido de pruebas de detección de casos.
En términos de las medidas sanitarias que se ha adoptado, está claro que se pretende controlar el contagio comunitario y evitar el colapso de nuestro precario sistema de salud.
Pero y ¿qué pasa con la economía? Ésta no solo es una pregunta que merece una urgente respuesta, sino una o varias acciones de atención que debe asumir el gobierno.
En la fase en la que nos encontramos, ha sido ampliada la medida de la cuarentena; así lo recomiendan los profesionales y entes del ramo, con el costo económico e impacto social (principalmente de los sectores más vulnerables) que ello conlleve. La reactivación del aparato productivo, aunque desearíamos sea inmediata, estará controlada por el manejo de la pandemia.
El sector minero, que es importante en nuestra economía; por la generación empleos directos, diversificación de la economía y el aporte valioso de la renta minera, ineludiblemente también se ha visto afectado por la pandemia, aunque con falta de coordinación entre el ente que regula el sector y los actores mineros. La operación minera más importante del país, Mina San Cristóbal, ha suspendido totalmente sus operaciones (20/03/2020). Las empresas estatales dependientes de Comibol lo han hecho de igual forma y finalmente el sector cooperativo también se ha visto ante la “obligación” (u obligados) de paralizar sus operaciones. En síntesis, todo el aparato productivo minero se ha reducido a su mínima expresión. El efecto inmediato, será la ausencia de la renta minera en toda su estructura (aproximadamente unos 10 millones de dólares americanos mensuales) y el impacto difícil de determinar aún, en otros sectores secundarios y terciarios relacionados.
La reactivación de los sectores privado (grande y mediano) y estatal tendrá un comportamiento similar, apoyados por una regularización de las redes de suministros (que el gobierno debe priorizar) y una estabilización de los precios internacionales (que al parecer se mantendrán estables luego del “sacudón” de mediados de marzo pasado). De esta forma 15.000 fuentes de empleo directas, que demandan estos sectores, se mantendrán estables.
Los actores mineros privado y estatal, para garantizar el reinicio de sus actividades, ineludiblemente, deberán implementar medidas de control y bioseguridad. En este sentido, en el contexto regional, interesantes estrategias están en proceso de implementación. Citemos un ejemplo, con las enormes diferencias del caso; la multinacional BHP, que opera varias mineras en Chile, de la mano con universidades locales y las entidades de salud, han decidido implementar sistemas de detección rápida de casos COVID-19. Los sistemas de trabajo, tiempos de permanencia, campamentos cerrados y capacidades de respuesta ante emergencias, sin duda permiten aplicar con buena expectativa estas y otras estrategias. Una medida equilibrada, sin duda, que permitirá aplicar medidas de control sanitario y la reactivación de las operaciones mineras y por ende la economía.
En Bolivia, la Minera San Cristóbal, operaciones del Grupo Glencore, Manquiri, San Vicente y Paititi, por citar a las más importantes, (cuya participación en la renta minera representa más del 70%, 90 millones de dólares americanos al año, en promedio), sin duda tienen la capacidad técnica y económica de emular estrategias similares. La Comibol deberá ponerse a la altura de las circunstancias para adoptar medidas análogas, aunque su participación en la renta minera sea menor al 6% (7 millones de dólares americanos al año aproximadamente). Acotemos que durante las últimas semanas se ha puesto a disposición en el mercado, test de detección rápida con costes y requerimientos menores.
En este escenario, el sector Cooperativo Minero (y minería Chica) es el más vulnerable, su atención merece de un cúmulo de medidas y un artículo por separado que debe ser analizado.
El autor es consultor Geólogo independiente.
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