Urgen normas de inocuidad y sanidad alimentaria

La época de cuarentena que nos toca enfrentar nos permite advertir varias propuestas tendentes a garantizar el trabajo diario de la gran cantidad de ciudadanos que viven del comercio cotidiano, vendiendo alimentos en las calles y mercados informales; tratando de evitar que aumente la infección.

El gobierno nacional está haciendo su parte, sin embargo se constata que la gobernación y las alcaldías de La Paz y El Alto están desintonizadas de la políticas emitidas desde el nivel central, cayendo en la lastimera posición de "llevar las maletas de los ministros", sin haber logrado implementar respuestas prontas a la emergencia nacional, limitándose a ser "repetidoras" de la información del gobierno, sin garantizar la provisión de productos, garantizando inocuidad y sanidad de los mismos, menos ordenarlas o formalizarlas. ¿Dónde está la autonomía municipal y departamental? ¿Dónde está el ejercicio de gobierno a nivel departamental y municipal? Más aún cuando tienen recursos a disposición.

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1998) advirtió que la periodicidad de los casos de enfermedades causadas por alimentos mal conservados o contaminados podría ser entre 300 y 350 veces mayor de lo que los informes indicaban hasta ahora. Esta mayor frecuencia, vinculada directamente a los problemas sanitarios más importantes, amenaza a la población con el aumento del número de brotes infecciosos y de la complejidad de las patologías.

La cuarentena y el estado de emergencia han cambiado el estilo de vida y las distintas prácticas de alimentación de los ciudadanos, compras, preparación y almacenamiento de los productos alimenticios deberían obligar a las autoridades a asumir normas más rigurosas en cuanto al control de la calidad e inocuidad. La carencia de nuevas normas sanitarias frente a la situación de pandemia y de una mayor disciplina en su aplicación. El desorden y la improvisación, sumadas a la falta de acciones de inspección, indican que la situación de los productos alimenticios, en los mercados y en las calles, está abandonada a su suerte. Demuestran que los gobiernos municipales de La Paz y El Alto no cuentan con sistemas efectivos de control de calidad e inocuidad. Sus guardias municipales sólo repiten los viejos vicios de extorsión a los vendedores ambulantes. Parecería que a las autoridades no les importa o simplemente hacen el menor esfuerzo.

Es preciso que en esta cuarentena sean establecidos acuerdos entre las juntas vecinales y otras organizaciones sociales como parte de la solución integral. Estas organizaciones no pueden ser ignoradas: Los comerciantes y el municipio dentro del marco de reconocimiento mutuo y de equivalencia deben llegar a acuerdos en beneficio del comercio de productos. Acordar medidas conjuntas que den garantías de seguridad efectiva, aplicación de normas de inocuidad sanitarias protegiendo la salud pública, que a la vez permita ordenar los sistemas de control en mercados, supermercados, y centros de expendio de productos y alimentos, adecuándolos a la nueva realidad emergente.

Los gobiernos municipales y las bases de las organizaciones sociales deben garantizar que los dirigentes de éstas cumplan con transparencia sus obligaciones y se evite la extorsión a vendedores ambulantes que apenas generan ingresos para dar comida a sus familias. Los malos dirigentes deben ser expulsados y sustituidos por nuevos líderes realmente fieles a la defensa de los intereses de la gente.

Así acabaremos con el desborde de los mercados y del comercio en varias zonas de La Paz y El Alto, garantizando el control efectivo y evitando la venta de productos de mala calidad y contaminados. Juntos, gobierno municipal y dirigentes podrán identificar malas prácticas higiénicas o de manejo y conservación. De esta forma los policías y militares sólo harán control de la paz social, dejando que las autoridades municipales, dirigentes sociales y la población misma garanticen el cumplimiento de normas de inocuidad y sanidad.

Es necesario implementar en esta cuarentena y el estado de emergencia nacional, una información correcta que oriente a los consumidores sobre los riesgos que para la salud representan ciertos hábitos y costumbres alimentarios. Se debe iniciar sobre todo una participación ciudadana con las autoridades en las tareas de normalización y vigilancia de la calidad e inocuidad de los productos puestos en el mercado y los alimentos.

En el año 2018, en oportunidad del Día Mundial de la Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Bolivia (FAO) señaló que pese a los avances logrados en los últimos años, alrededor de dos millones de personas viven en Bolivia sin seguridad alimentaria. Hoy, en tiempos de pandemia, la improvisación de centros de expendio de productos se agrava aún más, ya que no hay garantía en el manejo, salubridad e inocuidad de alimentos. Los ciudadanos estamos expuestos a una suerte de ruleta a merced de comerciantes inescrupulosos e irresponsables, y autoridades municipales irresponsables, que no cumplen sus deberes, justo ahora, que más necesitamos protección del Estado.

De esta forma cumpliremos el mandato Constitucional. Bolivia en su Constitución Política del Estado del año 2009 reconoce los derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la alimentación (Art. 16), al señalar que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación y que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.

Reclamamos decisión, transparencia y acción eficaz de las autoridades departamentales y municipales, pero también de los dirigentes de las organizaciones sociales. Están en la vitrina, los estamos viendo claramente, sabremos sancionar y premiar política y legalmente.