La Constitución Política del Estado establece en su Artículo 18. I que “Todas las personas tienen derecho a la salud. II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna”. Según el Artículo 31. I, “Las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva”.
Sin embargo, los pueblos indígenas en Bolivia sufren de falta de acceso a la salud, por su condición de alejados de los centros urbanos, y están siendo golpeados por la miseria, ya que por la pandemia del coronavirus, están en indefensión total por descuido del Estado. La esencia medular del Estado Plurinacional son las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, por lo que la extinción de un pueblo indígena originario afectaría la integridad del Estado en todos sus niveles. Los pueblos indígenas originarios en peligro de extinción, de acuerdo con la Constitución, son: weenhayek, ayoreo, cavineño, mosetén, cayubaba, chacobo, baure, esse ejja, canichana, sirionó, yaminawa, machineri, yuki, moré, araona, tapieté, pachahuara, guarasug’we y uru.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más del 50% de los indígenas mayores de 35 años padece diabetes tipo 2. Además, los pueblos indígenas experimentan altos niveles de mortalidad materna e infantil, desnutrición, afecciones cardiovasculares, VIH/SIDA y otras enfermedades infecciosas, como paludismo, dengue y tuberculosis.
Ya es grave el deterioro de la salud de los pueblos indígenas por enfermedades infecto-contagiosas introducidas, debido a su alta prevalencia y el muy deficiente servicio de salud. El coronavirus agravaría más esta situación, por las condiciones de salud y los riesgos que deben enfrentar ahora los pueblos amazónicos ante la presencia del COVID-19 o coronavirus. Desnutrición, anemia y diabetes ponen a estas comunidades en una situación vulnerable frente a la pandemia. Por ello algunos pueblos indígenas decidieron restringir el ingreso de visitantes a sus territorios.
La falta de comida hizo que algunos grupos de jóvenes y niños se vean empujados a cometer delitos, pues no tienen alimentos para sus hijos. Algunos asaltaron a un conductor de vehículo en la Comunidad de Poza Verde en Pailón, habitada por 115 familias Ayoreas, golpeadas por la hambruna y marcharon exigiendo equipamiento para la posta de salud única del Pueblo.
Por tanto, se debe mantener el estricto control de entrada y salida a los territorios indígenas, en especial de las personas que no pertenecen a estas comunidades, así como limitar el acceso de los indígenas a lugares de turismo o donde se encuentren multitudes. Y los líderes indígenas que se encuentran fuera de sus territorios no deben retornar a sus comunidades, puesto que podrían ser los portadores del virus. Los indígenas deben permanecer dentro de su territorio y evitar la salida del mismo, con el fin de reducir la exposición al riesgo de contagio. Y se debería realizar actividades como la prevención, si queremos evitar que Bolivia se convierta en el país más vulnerable para los pueblos indígenas por las deficiencias en el sistema de salud, porque el personal sanitario no está calificado para atender en caso de que el virus siga aumentando.
Tomando en cuenta que habrá crisis en la economía global, no puede ser excusa para arremeter contra la naturaleza, los pueblos indígenas y las áreas protegidas, porque ya en este momento hay focos de incendio en la Amazonia. De acuerdo con el informe de CEJIS se tuvo 3.919 focos de quema, de los que 3.411 se ubicaron en el departamento de Santa Cruz y 233 en Beni.
Por tanto, exigimos a los gobiernos departamentales y municipales. donde se encuentran estos pueblos indígenas originarios, que activen mecanismos de prevención y protección en los ámbitos de la salud, difusión, sensibilización y monitoreo frente a la crisis sanitaria en nuestro país por causa del COVID-19 y apagar los focos de quema en Santa Cruz y Beni que están contaminando el medio ambiente.
La autora es abogada, ex Asambleísta Constituyente.
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