Mayel Sunagua C.
Históricamente, por sus similitudes, los sectores Cooperativo Minero y la Minería Chica (CMCH) han sido analizados como un solo sector (principalmente en términos estadísticos). Sobre esta lógica, corresponde apuntar opciones de reactivación para dos sectores que, obviamente, tienen su importancia en el rol minero, económico y social del país.
El sector Cooperativo Minero, en los 14 años del gobierno anterior, logró enormes ventajas y privilegios, anteponiendo incluso sus intereses sectoriales por encima de los intereses del Estado (en su calidad de aliados políticos). Esta mención no es una conjetura, por el contrario, es una situación absolutamente objetiva, verificada en un sin número de leyes, decretos supremos y resoluciones que dan cuenta de ello.
Bajo el mismo lente de objetividad, este sector ha tenido la mayor virtud de sobrevivir y hasta crecer en situaciones adversas de alta recesión económica, como en la década de los 90, apoyados por una suerte desconocida, por ellos, referida a las características geológicas particulares de muchos yacimientos minerales bolivianos (no obstante, algunas áreas mineras sugieren, sin duda, la participación de otros actores mineros). Aunque no existe una cifra oficial, actualmente generan más de 100.000 espacios laborales directos y relacionados (siendo difícil precisar entre dependientes y/o asociados), en las condiciones o calidad de empleo que lo hacen, y aportan a la renta minera un aproximado de 22 MUS$ (millones de dólares) anuales, 4 veces más que las empresas estatales. No obstante, nos referimos a un sector que no ha “evolucionado”, sus sistemas de administración y producción son aún precarios e ineficientes.
Ante la situación de la pandemia y los efectos de la cuarentena, sectores agremiados han hecho públicas sus solicitudes de apoyo al gobierno. Las medidas están orientadas a inyectar recursos económicos al mercado, para fomentar la demanda. Los bonos tienen este propósito y las empresas chicas están solicitando créditos para mantener su liquidez. Nada será suficiente si no se reactiva el aparato productivo.
Y, ¿qué pasa con el sector Cooperativo y la Minería Chica? Hace unos días, algún representante del sector cooperativo hizo también públicas sus necesidades, solicitando algún tipo de “bono”. Nada sería peor que actuar en sentido contrario a lo expresado por un antiguo proverbio; enseñar a pescar y no regalar pescado, y por cierto el sector cooperativo, o mejor dicho algunas élites encubiertas bien que saben pescar oportunidades de baja inversión y alto rendimiento.
En este sentido, la estrategia para la reactivación del sector CMCH amerita ciertas medidas; no asignando bonos, sino desburocratizando trámites administrativos y financiando proyectos que tengan justificación legal, técnica-financiera y ambiental en fases de explotación y/o transformación de materias. Obviamente, la prioridad será implementar mecanismos de bioseguridad (los entes competentes deben elaborar planes, protocolos y otros lineamientos para este efecto de forma inmediata), ello requiere además intensos procesos de capacitación, concientización y concertación en los diferentes niveles orgánicos del sistema. Este sector es altamente disperso y con pocas o nulas medidas de seguridad laboral incluso.
En estos términos, dos aspectos deben ser inmediatamente considerados.
a) Trámites de Contrato Minero. Alrededor de 600 trámites mineros están en fase de aprobación ante la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional) desde la gestión 2018, esperando la promulgación de una Ley para el efecto. Un número similar de trámites (desde la gestión 2014) se encuentran en fase de revisión en el Ministerio de Minería. Puntualicemos que desde la publicación de la Ley de Minería (mayo de 2014), tan solo 207 derechos mineros han sido otorgados en Bolivia. Estos trámites deben concluir o, en su defecto, el ministerio cabeza de sector debe emitir soluciones pragmáticas, como ya se hizo antes.
b) Financiamiento Minero. La minería en Bolivia no es sujeto de crédito por parte de organismos de financiamiento privado formal. Por parte del Estado, el Fondo de Financiación para la Minería (FOFIM) ha sido creado para financiar proyectos del sistema Cooperativo Minero, cuenta con estructura, presupuesto y también antecedentes de burocracia, ineficiencia y muchos etcéteras; ante el escenario presente, es el canal para mejorar la financiación de proyectos mineros del sector cooperativo, realizando los ajustes necesarios (la recomposición del directorio es imperativa, juntamente con ajustes a reglamentos y otros). Por otra parte, el Fondo de Apoyo a la Reactivación de la Minería Chica (FAREMIN), que si bien se contempla en la Ley N° 535, no fue creado por el anterior gobierno y merece ser puesto en funcionamiento.
La estrategia de reactivación del sector debe ser complementada con la participación del SERGEOMIN, que cuenta con la capacidad técnica y operativa para resolver los álgidos problemas de soporte técnico, que requiere cualquier solicitud de financiamiento (a proyectos pequeños). Finalmente, una coordinación entre el Ministerio de Minería y Ministerio de Medio Ambiente y Agua, debe incluirse en la planificación, a afectos de ajustar procedimientos administrativos de licenciamiento ambiental.
La priorización de proyectos financiables debe estar orientada a recursos de alto valor y potencial, que merece otro análisis.
Es consultor Geólogo Independiente.
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