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Expulsión de policías
El abogado Eduardo León, expresó a EL DIARIO que existe temor del Ministerio Público de ingresar a Shinahota (Trópico Cochabambino) y establecer responsabilidades, como lo hizo “diligentemente” en el caso del director del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) Rafael Quispe.
“El Ministerio Publico debió actuar de oficio y expedir mandamientos de aprehensión contra estas personas ya que existen imágenes de apoyo que permiten identificar a cada autor y no puede ser que en algunos casos como de Rafael Quispe se actúe tan diligentemente y en estos otros, que son más graves, se esté permitiendo que estos grupos de sediciosos sigan haciendo de las suyas en el Trópico, más aún, cuando se puede establecer el nexo de estos con organizaciones de narcotraficantes”, aseveró.
El jurista aseguró que no puede permitirse un “auto gobierno” en determinados lugares ya que se estaría atentando a la unidad nacional y la soberanía, puesto que un grupo de personas no pueden sobreponerse al interés colectivo.
“Formulo la protesta ciudadana que está cumpliendo la cuarentena pese a las limitaciones que ello significa y pedimos se actúe con la misma energía en todos los casos y que no tiemble la mano a momento de aplicar la ley y demandar el respeto al estado de derecho”, apuntó.
Aseguró que las personas del trópico de Cochabamba no pueden quedar impunes y deben ser sometidas a los mandatos de la ley, ya que el Gobierno cumplió con su parte.
“Existe un sistemático sabotaje de gente irresponsable y dirigentes políticos que están siendo protegidos desde el parlamento donde el MAS tiene mayoría y está aprobando una ley para evitar que estos grupos violentos sean perseguidos penalmente y a la vez limitar el poder punitivo del Estado queriendo amordazar a la Policía y las Fuerzas Armadas”, advirtió.
En ese marco, aseguró que nos encontramos en los albores de que nuevamente se creen actos de violencia en el país y generar enfrentamientos, además de sembrar condiciones para buscar victimas con el solo motivo de consolidar una conspiración contra el Gobierno.
“Exigimos se actúe sin contemplación alguna y se arrase con toda esta gente con la ley en la mano y sin necesidad de acudir a otros medios sino los que están permitidos por las normas vigentes. La Fiscalía debería comenzar a dar resultados de los casos puestos en este tiempo a su conocimiento ya que las medidas hasta ahora asumidas no alcanza para frenar la conspiración y el sabotaje y esperamos que se desarticule todo foco de terrorismo que se han dejado en el país y que pretenden recuperar cuerpo, merced a violencia sistemática y planificada con antelación”, aseguró.
DATOS
La noche del jueves 16 de abril, los efectivos policiales que fueron a controlar el pago de los bonos en las entidades bancarias fueron expulsados de manera violenta de Shinahota, en el trópico d Cochabamba; a la fecha se desconocen avances de la investigación, pese a que el comandante general de la institución, Rodolfo Montero presentó una denuncia formal el viernes pasado.
El lunes 13 de abril, la Fiscalía de La Paz inició de oficio un proceso penal contra de Rafael Quispe por delitos contra la salud pública, después de que el domingo 12 circulara un video en las redes sociales evidenciando que la autoridad del FDI participó de una reunión que habría vulnerado las restricciones de la cuarentena. Quispe se presentó a declarar por el caso el día 14 de abril, empero la misma se suspendió para el próximo 24 donde la Fiscalía no descartó pedir su detención preventiva.
