La Asamblea Legislativa Plurinacional demuestra ante la opinión pública que persiste en su partidismo de siempre, legislando en provecho de las actitudes demagógicas intransferibles del partido que se dio modos para bancar una mayoría de dos tercios. En los catorce años que esa mayoría ejerció el primer órgano del Estado, dedicó gran parte del tiempo a aprobar leyes sin contenido o con simples enunciados simbólicos de tinte demagógico.
Por otra parte, los dos tercios se limitaron a dar por aprobados los proyectos provenientes del Ejecutivo, órgano que a su vez enviaba el resultado de las costosas consultorías a las que encomendaba la elaboración de leyes. Ahora los dos tercios siguen su misma rutina y los proyectos que considerará incurren en reiteraciones de disposiciones contenidas en la Constitución y en leyes pasadas por el requisito de su rúbrica. Un proyecto prohíbe el no uso de armas por la Policía y el Ejército, la no represión y detener sin justificación. Esta propuesta parece “curar en sano” asonadas y convulsiones sociales de sabotaje a la cuarentena por el coronavirus y crear intranquilidad pública.
Otros proyectos de tipo socioeconómico de los que viene hablando el ahora partido opositor, se refieren a medidas ya tomadas por el Ejecutivo, llámese bonos asistenciales emergentes de la pandemia que afecta al país, moratorias bancarias y de otras obligaciones de ese tipo y aun entre privados, medidas que, asimismo, tomó el Ejecutivo. Estas reincidencias ocasionan considerar -como lo hace la opinión pública- que la Asamblea Legislativa irroga un gasto enorme que afecta a la economía nacional, esto es, la sumatoria de Bs. 22.600 por cada senador y diputado mensualmente. No se sabe hasta cuándo durará la pandemia y sus derivaciones, significando estos salarios una sangría financiera improductiva para el Estado.
Los representantes nacionales perciben este monto privilegiado sin mayor esfuerzo ni trabajo. En marzo pasado se reunieron solamente los días 6, 9, 11 y 13, dedicándose a la censura de un ministro y dejando pendientes otras interpelaciones. En estos términos, la intencionalidad de los dos tercios no es otra que perjudicar y entrabar al Órgano Ejecutivo.
Como se ve, este sostenimiento salarial es excesivo en momentos en los que se debe destinar recursos inmediatos y contables a la compra de insumos preventivos, equipos y medicinas que hacen falta, que el anterior gobierno fue incapaz de percibir y menos atender como prioridad. El mandato del Órgano Legislativo feneció legalmente el 22 de enero de 2019. Se dice que su permanencia es complementaria de la institucionalidad. Un Estado en situación transitoria y más aún en emergencia sanitaria no puede detener la administración, sin gobierno, pero puede prescindir del debate y legislar mediante decretos, en casos necesarios e indispensables.
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