Sofismas de la política de nacionalizaciones

La creencia popular de que la empresa estatal es la panacea económica del país y la aspiración implícita es que el Estado maneje y gerente toda la serie productiva, para generar un supuesto bienestar general, resulta un sofisma. Paralelamente, se aplaude cuanto emprendimiento público acometen los gobiernos. Por contrapartida, estos supuestos, en especial en ciertos sectores, satanizan la venta o transferencia de empresas o servicios públicos. Consideramos que si se lo hace es porque resultan gravosos y potencial fuente de conflictos sociales, que terminan ocasionando erogaciones del Erario Nacional.

La llamada “capitalización” efectuada en años precedentes por un gobierno, precisamente fue repudiada acremente y aún lo es por tales sectores que, como condimento infaltable, asocian estos actos y otros con el “imperialismo” capitalista, al cual dedican sendos anatemas y lo consideran sin un adecuado dimensionamiento, enemigo del país.

En esta lógica --si así puede llamársela-- enfervorizan las “nacionalizaciones” que, más bien, se anotan en un balance negativo. Tan cierto es, que ni el gobierno del MAS se dejó seducir por una nacionalización de las concesiones trasnacionales de hidrocarburos, aunque practicó esa política en otras empresas de menor cuantía, a la postre con pesadas cargas económicas para el Estado y auspiciadoras de increíble corrupción. En efecto, las estatizaciones significan para el país sangrías económicas significativas. No se conoce en el país ninguna nacionalización que no haya dejado de indemnizar, generalmente como producto de fallos de tribunales internacionales de la materia; emergencia de negociación fallida de partes. A lo cual se suma el pago a costosos bufetes de abogados para representar al Estado, además de otras penalidades económicas.

En dicho aspecto, aún no se ha investigado los montos cancelados en este género por la administración Morales-García Linera, en la variedad de casos que generó, no por interés público sino como estandarte de la política demagógica ejercida. La falta de transparencia de este tipo de gastos se debe, sin temor de equívoco, a una enorme corrupción y consiguiente enriquecimiento delictivo de los jerarcas del régimen pasado. A propósito, basta recordar la indemnización más que millonaria a Quiborax y sus entretelones inconfesables. Corresponde asociar lo propio a la contratación y honorarios de los abogados extranjeros que llevaron la demanda marítima en La Haya, la que concluyó en rotundo fracaso a costa del derecho boliviano inalienable de retorno al mar.

Volviendo al hilo de la gestión empresarial del Estado, señalamos que dejando el campo a la inversión privada sea nacional o internacional, se obtiene empleo formal y seguro, se percibe impuestos y se evita conflictos sociales y consiguientes desembolsos y, al mismo tiempo, se cortan los malos manejos, por decir lo menos, de la burocracia estatal y descentralizada. Libre de engorros, la administración nacional debe ejercer su esencial papel regulador.

Sin duda, conceptos de esta naturaleza, fincados popularmente, provienen de una difusión de larga data por oficiantes doctrineros de un socialismo radical, al cual la nacionalización de las fuentes productivas gratifica sus oídos, instrumentándolos hacia un arsenal de propuestas extremistas de las que echan mano. Así la nacionalización de las minas de los años 50 del pasado siglo, ponderan estos portavoces en calidad de ejemplar. Desde entonces la minería ha venido cayendo de tumbo en tumbo sin lograr rehabilitarse. Su clara secuela es Huanuni, famosa mina estañífera, que no reditúa utilidades a Comibol.

Si bien la nacionalización en cuestión expulsó a los conocidos tres “barones del estaño”, --con indemnizaciones de por medio--, en cambio derivó en un fiasco. Entonces la sencilla y sabia cultura popular resumía así la situación: “si las minas sostenían al Estado, desde su nacionalización el pueblo sostiene a las minas”.

Sin embargo, la sonoridad de la palabra “nacionalización” impacta todavía. Me he referido a estos temas sin ser experto ni pretender serlo, movido por el silencio de quienes en su postura neoliberal y ser responsables de tal política intentada a medias desde la administración pública, callan por falta de valor civil.

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