¿El Chapare es una republiqueta?

Los acontecimientos suscitados el pasado 16 de abril en la localidad de Shinaota, Chapare -bastión de la dirigencia radical cocalera del MAS-, permiten dar cuenta de aprestos entusiastas y febriles orientados a constituir una pequeña republiqueta. No otra cosa podría deducirse del accionar de los pobladores que, guiados por consignas intransigentes, expulsaron y agredieron a 84 efectivos de la policía.

Es reprochable e inadmisible el accionar violento y delictivo de pobladores azuzados por las huestes cocaleras que, además de romper la cuarentena por el Covid-19, pusieron en serio riesgo la integridad física y la propia vida del grupo de policías desplegados para cumplir con el resguardo y conservación del orden público, la seguridad, prevención e investigación de delitos y manifestaciones antisociales que atentan contra los derechos y garantías constitucionales.

Ante la emergencia sanitaria que vive el país, el gobierno delegó a las fuerzas armadas y la policía la protección de la salud poblacional ante la propagación y contagios del coronavirus, así como el resguardo de entidades públicas y privadas a nivel nacional. El Chapare no puede ser la excepción por el capricho intolerante del sector cocalero que continúa promoviendo el conflicto, la polarización y que está convirtiendo a esta región en una verdadera “zona caliente”.

Tales extremos se coligen de aquellos petitorios descabellados que no solo dan cuenta del desvarío en el que se encuentran sumidos, sino que externaliza una soberbia e insolencia irracional. Por ejemplo, exigir que la policía pida “perdón de rodillas” por los hechos luctuosos de noviembre de 2019; la anuencia de “permisos de ingreso” otorgados por los sindicatos cocaleros, donde cualquier incursión policial tenga que ser previamente consensuada por estos “dueños del Chapare”. Semejantes degradaciones y exigencias pretendidas no solo son merecedoras del repudio ciudadano, sino también hace imperativo la pronta incursión y presencia Estatal, para desmantelar posibles escenarios que hacen entrever la falaz configuración de republiqueta.

Al parecer, detrás de estos pretextos y condicionamientos fútiles, les resulta bastante conveniente la ausencia prolongada de cinco meses de la policía en esta región; pues tienen mayor libertad de acción para seguir incurriendo en actividades ilícitas generadas por el incremento de la producción de coca, así como los flujos económicos ligados al activo y lucrativo negocio del narcotráfico, que no ha cesado incluso en esta cuarentena.

Claro ejemplo de ello son las múltiples intervenciones al tráfico de droga y sustancias controladas efectuadas por la fuerza anticrimen. El 8 de abril, en proximidades del Castillo Isinuta y Chipiriri, fueron interceptados dos camiones que transportaban sustancias controladas (5.875 kilos de químico sólido y 2.800 litros de químico líquido). El 9 de abril, tras una pesquisa realizada en Santa Cruz, se retuvo 173.6 kilos de pasta base de cocaína, distribuidos en paquetes, en el interior de un camión de verduras que partió desde Cochabamba. El 16 de abril en el Beni es detenido Edwin Douglas Lima Dorado, prófugo narcotraficante condenado por la justicia en 2008 y en 2011. El 19 de abril, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) del Paraguay confirmó la captura de una avioneta con matrícula boliviana que transportaba 385 kilos de cocaína en la estancia Buena Suerte, Bahía Negra de ese país.

Es evidente el duro revés que significó el haber perdido la protección y los privilegios otorgados por su eterno dirigente cocalero y ex mandatario refugiado en Argentina, Evo Morales. Hoy apuestan por el endurecimiento de la dictadura sindical ejercida por sus federaciones y afiliados que, por un lado, buscan subyugar a la población y, por otro, les permita sobrevivir y atrincherarse en la defensa férrea del territorio, la coca y, por supuesto, la cocaína.

El autor es MGR. Docente e investigador.