Imponer el orden o dejar libre el territorio

El desalojo violento de un grupo de policías en el Chapare el pasado jueves 16 del presente no es una simple reacción de la muchedumbre, sino un mensaje de advertencia; esto nos lleva a la memoria algo parecido en Colombia y ahora en Venezuela, donde operan organizaciones criminales internacionales dedicadas al narcotráfico, tráfico de armas y otros ilícitos. Con este acto violento los dirigentes cocaleros han infringido la ley penal, a partir de la sedición, inclinándose hacia una rebelión (Alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado) para finalmente vivir en la anarquía; con capacidad de convivir entre la corrupción, la criminalización de la política y la politización del crimen, dada una complaciente indiferencia en la reacción inmediata de las autoridades. Los grupos radicales del Chapare no piensan ceder un milímetro de su territorio, porque es el “pivote geográfico” que los mantiene políticamente vigentes y económicamente fuertes. Desde ahí se irradia consignas de altos dirigentes que están en la clandestinidad, bien enlazados a organizaciones criminales internacionales, como las FARC, el ELN, cárteles de México, mercenarios cubanos y extremistas iraníes, cuya base de operaciones está en Venezuela.

En este “heartland” boliviano (Chapare), dominado por los dirigentes cocaleros de las seis federaciones, se llevan a cabo los negocios ilegales más lucrativos, desde la agricultura excedentaria de la hoja de coca hasta el narcotráfico, ello trae aparejado el tráfico de armas, financiación del contrabando y otros, quienes se esforzarán por mantener el control y demostrar que el Estado tiene un gobierno débil. Por su parte el gobierno, ante el presente escenario político, económico y sanitario, como primera medida en cortísimo tiempo debería cambiar a los ministros como delegados presidenciales, por autoridades militares de las distintas regiones y sean ellos quienes coordinen con las autoridades locales, departamentales y nacionales, mientras los ministros se dediquen con mayor eficiencia a la administración de sus respectivas carteras de Estado. La siguiente medida es declarar zona militar para encapsular al trópico de Cochabamba y hacer efectiva la cuarentena, así mismo, asegurar los derechos y garantías de los ciudadanos de esa región que están “sometidos” por una mafia cocalera y narcotraficante.

De no ser viable, otra solución posible es cercar la región con puestos de control fuertemente reforzados, mientras se realizan labores propias de inteligencia. Por otra parte, se debe exigir mayor gestión al Ministerio de Justicia, a la Procuraduría y a la Contraloría del Estado para impulsar las investigaciones, procesos y juicios de responsabilidades a las ex autoridades políticas, quienes paradójicamente desde la clandestinidad están más concentradas en afanes proselitistas y desestabilización, que a rendir cuentas al Estado boliviano.

Estamos ante una oportunidad histórica de poner orden o dejar un territorio libre a delincuentes cuyos métodos violentos pondrán en peligro la tranquilidad y desarrollo normal del Estado; es de buen sentido no dejar que los problemas se acumulen, porque esa acumulación congestiona la capacidad de reacción efectiva.

El autor es Abogado. Cnl (SP), Profesor universitario.