Supranacionales en la mira pública

Una de las ocurrencias del anterior régimen fue el establecimiento de los diputados supranacionales. Esa decisión tenía clara y únicamente la finalidad de disponer de cargos para la militancia del MAS, o de premio, aunque sin méritos visibles. No tenía suficiente con los dos tercios en ambas cámaras. Las supuestas funciones de los supranacionales son simplemente nominales y pertenecen al campo de lo abstracto más que a lo real. Con esto no pretendemos, por supuesto, alusión alguna a la teoría ontológica.

Lo anterior tiene el antecedente racional de que todos los Congresos o Asambleas Nacionales previas al 2006, no contaron con ese género singular de diputados o senadores. En ocasión de celebrarse algún evento internacional importante o de organismos parlamentarios estables, se procedía a la designación o mejor a comisionar a alguno de sus miembros, con preferencia integrantes de la Comisión de Asuntos o Negocios Internacionales. Se tenía en mente que los entes internacionales, por lo general, se reúnen cuando mucho dos veces al año.

Ese criterio que rigió siempre, sin pecar de Perogrullo, obedeció a que dicha representación carece de justificativos por falta de tarea permanente que realizar o de ocupación, siendo éstas esporádicas. Lo señalado agrava la situación en vista de que los supranacionales ganan 22.600 bolivianos mensuales al igual que los diputados titulares, muchos de los cuales de la actual Asamblea Legislativa Plurinacional tampoco justifican ese monto salarial por su escasa o nula actuación parlamentaria.

En este sentido, en lugar de quejarse por no haber sido incluidos en la consulta al Tribunal Constitucional para prorrogar el mandato de ambas cámaras por la transición institucional del país, los supranacionales sopesando la ausencia de trabajo tendrían que haber renunciado el 22 de enero de 2019, mea culpa que hubiera sido bien recibida por la opinión pública. Estos beneficiarios de los recursos públicos tampoco parecen estar generosamente remunerados por haber percibido durante cinco años una verdadera fortuna, sin mayores responsabilidades. De una gratificación como esa no goza la mayoría de los ciudadanos del país, recursos que ahora tendrían enorme utilidad en la lucha contra la pandemia.

Naturalmente, la receta es también plenamente aplicable al conjunto de la Asamblea Legislativa que, por su parte, en la presente emergencia sanitaria prácticamente ejerce demasiado eventualmente la función legislativa. Un claro ejemplo de conducta digna y acorde con la soberanía delegada por el voto, la dio una diputada nacional, renunciando el 22 de enero pasado, sin cálculos ni beneficios, a su investidura.