¿Doble estándar y dilema constitucional?

Tiempo atrás, en el momento en que la Organización de los Estados Americanos (OEA) definía su plan de acción para los países del ALBA, se le acusó de usar un doble estándar, a saber, una posición abiertamente pusilánime en contra del afán inconstitucional de prórroga en el mandato de Evo Morales y Álvaro García y, por otro lado, una dureza implacable contra lo que todavía es hoy la tiranía de Nicolás Maduro. Con el paso del tiempo estas diferencias fueron de algún modo superadas a partir del informe de la OEA que daba cuenta de un fraude electoral, y las declaraciones de su Secretario General en contra de la administración de Morales.

Hoy que el Covid-19 acapara la información en los medios de comunicación social cabe referirse a ciertos hechos no menores acontecidos luego de la asunción de Jeanine Áñez como Jefe de Estado de Bolivia. Es cierto que en el plano internacional -y a nadie le quepa duda alguna- hubo avances significativos altamente positivos en lo que concierne al nuevo posicionamiento del país en el terreno de su política exterior. Pero paralelamente se nota una demostración de indiferencia, y por qué no llamar olvido, respecto a los varios hechos que rayan en lo delictivo cometidos por funcionarios del anterior gobierno.

El mejor ejemplo de ello es que no existe hasta la fecha ni una acusación formal del Ministerio Público en contra de altas autoridades de Estado designadas durante el pasado régimen. Desde mi óptica, algo huele mal, ciertamente. Y aquí podemos afirmar dos mecanismos de acción para el análisis: o bien es el Covid-19 el agente disuasivo a toda pretensión en contra del Movimiento al Socialismo; o bien es la falta de poder político real del gobierno actual, el que explica tales inacciones.

En paralelo, se nota con bastante tristeza que la anunciada Amnistía General e Irrestricta propuesta por la mismísima presidenta Jeanine Áñez y la reparación a las víctimas de persecución política por el anterior gobierno fueron simples cantos de sirena. Por si esto fuera poco, las más de seiscientas denuncias de persecución política por el régimen anterior, encaminadas ante el Ministerio de Justicia, bajo una estrategia poco convincente, han sido en su mayoría -¿sino en su totalidad?- puestas bajo llave o trancadas por razones burocráticas, y no se ha devuelto la esperanza de retorno a estos centenares de bolivianos que se hallan injustamente y bajo condiciones muchas veces precarias fuera del país, pese a que el Gobierno afirmó en repetidas ocasiones haber sido testigo de una sañuda dictadura del MAS. No se entiende, pues, este doble estándar.

Y para colofón de lo antedicho, grupos afines al MAS del Chapare desobedecen ciega y continuamente las leyes emprendidas por el gobierno para frenar el avance del Covid-19, y hasta contraatacan con acciones legales internacionales, y a contrapelo, parece minimizarse el principio elemental de todo gobierno transitorio, que radica justamente en devolver credibilidad al Estado Democrático de Derecho. Hay quienes piensan, no sin justo motivo, que el problema esencial de todo este asunto es -tal como dije- la debilidad del gobierno, demostrada ya no sólo en las incapacidades anteriores; sino en los enclaves de la misma Constitución de 2009 aprobada parcialmente en un cuartel. Así, pues, las generaciones actuales deberían pensar con meridiana claridad si es pertinente o no un retorno o cambio hacia la instauración de la República de Bolivia, que al menos desde mi óptica, sin duda equilibraba mejor los órganos del Estado y confería al Tribunal Constitucional un papel de guardián real de la Constitución, mediante una elección racional e internacionalmente reconocida de tribunos en el Parlamento, altamente capacitados y probos.

El autor es abogado.