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[Marcelo Chinche]

Entrelíneas

Desventuras del sistema sanitario en Bolivia


El brote del coronavirus en Bolivia permitió desnudar las grandes falencias y debilidades del sistema de salud heredado, traducidos en la capacidad deficiente de infraestructura, atención de urgencias, hospitalización, previsión de unidades de cuidados intensivos, mobiliario y equipos; normas de bioseguridad según estándares internacionales y, principalmente, la pobre asignación de recursos para la provisión de personal médico.

Destapar las grandes carencias y desventuras del actual “sistema sanitario débil y fragmentado” no hace otra cosa que advertir una gestión laxa, displicente, al igual que malos manejos e improvisaciones. Ello tiende a agravarse, si dentro de ese análisis contemplamos otros indicadores estructurales como transición demográfica y epidemiológica, universalidad y equidad en el acceso a servicios de calidad y de cobertura apropiada; cuyo costo social afecta sustancialmente a grupos y sectores en situación de riesgo y alta vulnerabilidad.

Frente a este escenario sombrío, resultan por demás vergonzosas y fuera de lugar las opiniones vertidas por las ex ministras de salud del MAS, Nila Heredia, Gabriela Montaño y Ariana Campero -estas dos últimas radicadas en Argentina y Cuba respectivamente-, que cual “gurús” y “eminencias” del área, cuestionaron las medidas gubernamentales de contención sanitaria de la pandemia del Covid-19 en el país; los sistemas de información a la población sobre la enfermedad, el uso de correcto de barbijos y, como no podría ser de otro modo, extrañaron la participación de médicos y graduados de Cuba, cuyos salarios exorbitantes, sangraron de manera grotesca los recursos estatales.

Queda claro que las citadas ex autoridades demostraron su incapacidad e incompetencia para el desarrollo e implementación de políticas de gestión, planificación y administración del sistema de salud en los 13 años, nueve meses y 18 días del gobierno de Evo Morales, evadiendo sistemáticamente el deber constitucional de proteger la salud integral, universal y gratuita que cualquier Estado debe garantizar.

Sus inmerecidas designaciones en el cargo dan cuenta del “desastre” en el que dejaron el sistema sanitario, con indicadores deplorables en infraestructura hospitalaria; número de profesionales en salud, especialistas, enfermeros; número de camas; además de unidades de cuidados intensivos que están muy por debajo del promedio en América Latina, según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado por la BBC-News Mundo, de fecha 23 de marzo de 2020.

Tal informe sitúa a Bolivia en el puesto 17 de un total de 20 países; con un gasto per cápita (PPP) de $us-462, gasto público (% PIB) 4,4% y gasto privado (%PIB) del 1,9%. En relación con la capacidad hospitalaria, Bolivia ocupa el puesto 15, con 11 camas de hospital para 10.000 habitantes y sin registro de capacidad de camas para unidades de cuidados intensivos. A ello se suma la paupérrima asignación de recursos humanos para salud, que refleja 0,47 médicos (Per) por cada 1.000 habitantes y 1,01 enfermeras por 1.000.

Cuán lejos estuvieron de comprender la dimensión compleja del sistema de salud que aglutina a todas las organizaciones, instituciones y recursos que tienen como objetivo principal mejorar la salud; pues ello también requiere de personal, financiación, información, suministros, transportes y comunicaciones, así como una orientación, estructura de gestión y servicios que respondan efectivamente a las necesidades y demandas de la población.

Ojalá en algún momento de sus vidas comprendan que fueron responsables y cómplices de la mayor desventura y pobreza franciscana en la que sumieron al sistema de salud pública, desperdiciando la bonanza económica y la oportunidad histórica para encarar una sólida reforma institucional, bajo un modelo de atención integral orientado a la protección de la persona, familia, comunidad y medio ambiente.

El autor es MGR. Docente e investigador – UMSS.

 
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