Transgénicos, glifosato y agricultura familiar generan debate en el país

La aprobación de nuevas pruebas de semillas transgénicas, el aumento del uso del glifosato de la mano de transgénicos y la agricultura familiar, como alternativa para asegurar la soberanía y seguridad alimentaria, ingresaron en el debate, luego que el Gobierno diera luz verde para nuevos eventos agrícolas.

Mientras el sector agrícola del oriente une voces para aprobar el decreto que da luz verde a las pruebas de semillas transgénicas, los productores convencionales también alzan la voz para observar la norma que contradice con la Constitución, los agropecuarios del occidente así como los pequeños productores solicitan mayor inversión pública para mejorar la productividad.

Ya a inicios de marzo fue difundido un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas en un medio de escasa circulación, el periódico oficialista Bolivia. El documento que pocos vieron anunciaba que había sido admitida la solicitud de la empresa biotecnológica Bioceres para la evaluación de su soya HB4 promovida como resistente a la sequía, informa Patricia Molina, ingeniera agrónoma en su artículo titulado Transgénicos de cuarentena, publicado en la página senaforo.net, Servicio de Noticias Ambientales (Sena).

“De acuerdo al comunicado, el plazo para presentar opiniones fundamentadas era de 10 días calendario, los que vencieron justamente cuando empezó la cuarentena total, después de la declaratoria de emergencia”, señala en el artículo al explicar que en ese momento, la atención estaba ocupada en temas de abastecimiento, paralización de actividades, reordenamiento, cambios de horario de trabajo, puesto que dos días después se decretó la paralización total de actividades, incluso del aparato de estado.

Los subsiguientes comunicados del Ministerio de Medio Ambiente y Agua anunciaron la postergación y suspensión indefinida de trámites y plazos administrativos hasta la conclusión de la cuarentena, sin embargo el 7 de mayo la presidenta Áñez anunció la aprobación del D.S. 4232 que autoriza al Comité de Bioseguridad “establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados en sus diferentes eventos”, otorgándole 10 días calendario para aprobarlos, es decir, hasta el 17 de mayo.

Uno de los argumentos del sector agropecuario del oriente apuesta a aumentar la productividad y generar alimentos para el mercado local, pero mira principalmente el mercado exterior debido a los rendimientos de soya, de Brasil, Argentina y Paraguay.

Tal como indica que Molina en su artículo, cuando señala que en el debate por el uso de transgénicos se pueden observar diversas tácticas conocidas de marketing para neutralizar el rechazo que producen las características nocivas de semillas y pesticidas.

Entre ellas debe mencionarse las promesas de mayores rendimientos, regalar semillas para expandir rápida e ilegalmente el cultivo, propagar el miedo entre los agricultores de que saldrán del mercado por tener mayores costos de producción si no las usan, presentarse como especialistas de la tecnología y defenestrar a quienes la observan, la distracción: promover semillas resistentes a eventos de estrés cuando en realidad su característica más importante es la resistencia a herbicidas, menciona.

AGRICULTURA FAMILIAR

Entre tanto, productores de la agricultura familiar exigen inversión pública para el desarrollo de genética mejorada con materiales disponibles en Bolivia y el uso sea libre.

“Históricamente los campesinos indígenas hemos sido utilizados por un lado o por otro, por interés políticos, institucionales e incluso personales, es así que nos hemos quedado rezagados y divididos, nunca hemos podido avanzar. Exigimos políticas diferenciadas, así como se hace para el sector empresarial”, afirmó el presidente de la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas (Cioec Bolivia), René Rojas.

“Con el tema de transgénicos estamos seguros que el Gobierno está atendiendo demandas de uno de los sectores, en este caso el empresarial, nosotros como pequeños productores tenemos también las nuestras”, resaltó.

Exigimos políticas públicas diferenciadas y el establecimiento de instituciones así como mecanismos e inversión pública para el desarrollo de genética mejorada de materiales disponibles en Bolivia de uso público que permitan el desarrollo de la agricultura familiar.

La participación del sector es importante en instancias de decisión como el Directorio del Instituto de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), el Consejo de Biodiversidad, de todas las instancias de investigación existentes en el Gobierno, para el fortalecimiento de nuestras semillas nativas, enfatizó.

Asimismo, “exigimos se declare regiones libre de transgénicos, especialmente del altiplano, los valles y todos aquellos que no se utilice transgénicos, promoción de los productos provenientes de la agricultura familiar”.

Finalmente, “pedimos la cooperación internacional, instituciones no gubernamentales a fortalecer al sector uniendo esfuerzos y tareas conjuntas en el marco de la Estrategia Nacional de la Agricultura Familiar, y a la población en general a adquirir sus productos de los mercados de la agricultura familiar”, finalizó.

GOBIERNO

Entre tanto, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, aclaró que el Decreto Supremo 4232, recientemente promulgado, aprueba un procedimiento evaluativo para ver la factibilidad o no en el uso de biotecnología en determinados cultivos.

“Con el Decreto aprobado, en ningún momento se ha aprobado directamente el uso de ningún cultivo que sea genéticamente modificado; lo que se ha hecho es aprobar un procedimiento abreviado, para que a través de este, una Comisión Nacional de Bioseguridad, sea la que defina con estudios en campo, si es que pueden o no ser aplicados estos cultivos en nuestro país o no”, manifestó en conferencia de prensa Capobianco.

Indicó que ante la crisis mundial por el coronavirus, el país debe analizar los mecanismos que permitan producir más alimentos, principalmente para garantizar el consumo interno.

La autoridad manifestó que la mayoría de los países en el mundo, ya utilizan biotecnología para mejorar el rendimiento de sus cultivos en productos que llegan en grandes cantidades al país y que en la actualidad son consumidos cotidianamente por la población boliviana.

A su turno, Marín Condori Mamani, director del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), explicó que entre 2005 y 2015, el uso de biotecnología en la producción de soya permitió al país un ahorro de 177 millones de dólares en la compra de herbicidas, evitó un desmonte de 230.000 hectáreas, se registró una producción adicional de 4 millones de toneladas del producto y su exportación generó 1.700 millones adicionales.

Sin embargo, desde el año pasado, las normas aprobadas por el anterior Gobierno, y que los mismos no han sido derogados por la actual administración del estado, autorizan chaqueos controlados y ampliación de la frontera agrícola.

También la importación de glifosato, principalmente componente agroquímico, para los cultivos transgénicos, que ya han causado resistencia a las malezas, y su uso se incrementa considerablemente.

El Gobierno incluye argumentos para continuar con los procesos de aprobación de nuevos eventos agrícolas, al informar sobre los beneficios y el ahorro que implica en el uso de transgénicos.