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El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó ayer que instruyó la conformación de comisiones de fiscales para realizar investigaciones relacionadas a denuncias sobre presuntos casos de corrupción o irregularidades en instituciones del Estado como en YPFB, FAB, ASFI y otras.
“En el marco de las atribuciones que nos confiere la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establecen como función esencial la defensa de los intereses de la sociedad, se han conformado comisiones para el análisis e investigación de los casos denunciados durante este año que ya están en plena etapa investigativa”, dijo Lanchipa.
Explicó que se tiene el caso de los vuelos de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) por uso indebido de bienes, es una denuncia que fue presentada en la Fiscalía de Tarija y ha sido declinada por la autoridad judicial por incompetencia territorial y ahora será investigada en la Fiscalía Departamental de La Paz.
La autoridad señaló que dentro del caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se han realizado los primeros actuados. Para ello se secuestró varios documentos de las oficinas en la ciudad de La Paz, a raíz de la denuncia por la contratación de un seguro, pero el Ministerio Público ve por conveniente que no solamente se investigue ese caso, sino que amplíe la investigación a todos los contratos que se han celebrado durante la etapa de la cuarentena.
“Nosotros tenemos que tener la certeza de que todos los contratos como la compra de combustible, la provisión de recursos para la alimentación al personal de yacimientos, también merecen ser investigados por el Ministerio Público”, agregó.
En el caso de ASFI, el Fiscal General indicó: “Estamos empezando la etapa preliminar investigativa, se va a convocar a las autoridades de la ASFI para que puedan presentar su declaración y nosotros también llevar adelante el contraste con las personas que han presentado la denuncia, en relación al incumplimiento de los plazos que se están realizando”.
Respecto a los casos de sedición y terrorismo, Lanchipa explicó que en todos los casos referidos a delitos contra el Estado toman su tiempo, sin embargo “le estamos dando la celeridad que corresponde de manera objetiva y sin perjudicar ni beneficiar a nadie, hasta llegar a la verdad histórica de los hechos”, dijo.
