Ante desproporcionalidad
> El documento institucional sostiene que el voto urbano debe tener el mismo valor que el voto rural
Mediante un comunicado, el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) demandó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que el voto urbano tenga el mismo valor que el voto rural y ya no se pondere en relación 3 a 1 como se viene haciendo hasta la fecha, basados en que el 70 % de la población boliviana habita en el área urbana.
Piden que el TCP pague la deuda histórica que tiene con el pueblo boliviano y la democracia al haber permitido que, mediante esa misma institución, se haya atentado contra el Estado violando la legalidad y las normas establecidas.
De esta manera, el Conade pide dejar sin efecto la Ley N° 421 de octubre de 2013, emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional que define la distribución de escaños para la Cámara de Diputados, permitiendo la injusta desproporcionalidad que favorece a la votación en las zonas rurales que con un 30 % de su población acapararán el 70 % del poder político.
Parte de la misiva expresa la preocupación del comité entorno a la ponderación que la actual norma concede en favor del voto de los habitantes del área rural en relación a los votantes de las áreas urbanas.
“Nuestro país ha cambiado, tenemos actualmente a más del 70 % de la población en las áreas urbanas y solo un 30 % en las zonas rurales. Esta relación por el llamado voto ponderado, que se viene aplicando desde hace varias décadas en el país, nos muestra hoy que prácticamente un voto de la ciudad equivale a un tercio del voto rural”.
El Art. 7º. de la Constitución Política del Estado establece que la soberanía reside en el pueblo, por tanto es este el que con su voto decidirá en las urnas quienes lo gobernarán y cuál será su representación parlamentaria, por tanto, no son los actores políticos los que tienen esa potestad, en ese sentido, la ley en cuestión, emitida por la ALP, al asignar arbitrariamente los escaños y otorgar mayor alcance porcentual al voto rural, no sólo que se está arrogando atribuciones de otro órgano de poder como es el Órgano Electoral, sino que está atentando derechos de la mayoría de los ciudadanos porque le resta valor a su votación.
Emplazan al reparo de este atropello, expulsando del ordenamiento jurídico a la Ley N° 421, restituyendo al Tribunal Supremo Electoral sus atribuciones y disponiendo que la votación emitida por cada ciudadano tenga el mismo valor para todos, independientemente de la región o lugar donde se sufrague.
La lucha emprendida por el pueblo boliviano contra todo abuso de poder, debe verse reflejada en las sentencias justas a emitirse por el Tribunal Constitucional Plurinacional, al margen de todo interés político, reivindicándose de esta manera con la democracia.
La misiva está firmada por Juan Carlos Núñez, Lucio Gonzales, Manuel Morales, María Amparo Carvajal, Rolando Villena y Waldo Albarracín.