Abogada Canedo pide resolución de contrato de compra de respiradores

La abogada Rosario Canedo, que defiende al exministro de Salud Marcelo N., imputado por la presunta compra irregular de 170 respiradores españoles, exige al Gobierno la resolución del contrato de compra, utilizando las normas de regulación de la Unión Europea. Asegura que el plazo vence el próximo 29 de mayo.

“Exijo al Gobierno que utilicen las normas de regulación de la Unión Europea para solicitar de inmediato la resolución del contrato, porque si dicen que ha existido alguna irregularidad, tenemos la posibilidad de inmediatamente solicitar esa resolución de contrato, alegando que no cumplen con los requerimientos que tiene el Estado”, aseguró.

Asimismo, manifiesta que desde la entrega de los equipos, el Estado tiene 15 días para pedir la revocatoria del contrato, y los plazos son improrrogables.

“El 29 de mayo vencería el plazo para solicitar la revocatoria del contrato, lo que significa que nosotros devolvemos al vendedor todos los equipos, con los cuales no estamos de acuerdo, y ellos nos devuelven el dinero que se ha pagado. Pedimos a las autoridades que cumplan caso contrario incurrirían en incumplimiento de deberes porque existe esa posibilidad y ese derecho que tiene el Estado. No estamos de acuerdo con los equipos?, pues resuelvan el contrato y devuélvanlos”, dijo.

INOCENTE

Asimismo, en entrevista con Radio Panamericana, la jurista aseguró que su cliente es inocente y que actuó de buena fe en la compra de los respiradores españoles.

“El doctor Marcelo N. es completamente inocente, él ha estado mes y medio en el ministerio; sin embargo, antes, aproximadamente al mes, ante la situación crítica, el estado de necesidad, la falencia de mecanismos de auxilio inmediato para la población, él se entera, no sé por qué medios, de la existencia de esta empresa y que habían estos equipos”, dijo.

Respecto a la existencia de la otra oferta que sería con un costo mucho menos, manifestó que su cliente no tenía conocimiento.

“Él no tiene conocimiento de ninguna otra oferta, a él no le llegó absolutamente ninguna otra oferta, en su condición de ministro requería que esos equipos lleguen de inmediato y ahí estaban presentes instancias del Banco Interamericano de Desarrollo que estaban verificando las compras”, aseveró.

Respecto a las características del equipo adquirido y su utilidad, la jurista aseveró que los mismos no son tan básicos como se ha mencionado, y que a los 170 respiradores que llegaron les faltaban otros insumos y mecanismos complementarios.

“Es un respirador pulmonar, son para emergencias, no son ventiladores, los ventiladores son los que se usan en terapia intensiva, si no han servido los equipos es porque el vendedor no ha remitido todos los aditamentos que se requerían para su funcionamiento”, dijo en contacto con Radio Panamericana.

Respecto a la declaración del empresario Luis H. que dijo que había tres intermediarios en la compra, aseguró que es una infamia que busca afectar a su cliente.

“Me parece una barbaridad, está confesando que había un negociado, que le iban a pagar a él y a otros, me parece una infamia, y además yo creo que esto es un complot que pretenden hacer salpicar a mi cliente, pese a que no lo menciona, pero de esas cosas jamás se enteró el exministro porque actuó de buena fe, confiando en la idoneidad, transparencia de su gente”, aseveró.

INTERMEDIARIOS

De acuerdo a una nota publicada por el periódico cruceño El Deber digital, la compra de los respiradores tuvo tres intermediarios y cada uno de ellos iba a ganar 340.000 dólares por haber hecho las gestiones de vincular al Ministerio de Salud con la fábrica.

“Luis H., que se presentó en la Fiscalía como 'testigo clave' en esta compra, es uno de los mediadores y reveló que él y sus socios acordaron cobrar 340.000 dólares cada uno (un total de $us 1.020.000), dinero que fue conseguido haciendo que la fábrica suba el costo de los equipos de 20.000 a 26.000 dólares, a fin de que ellos puedan cobrar su parte.

El testigo, fue convocado para realizar la búsqueda de los ventiladores en el extranjero. Para lograrlo, reveló que contactó al abogado Wálter Zuleta (que fue defensor de Gabriela Zapata), quien a su vez se vinculó con Iñaqui García, de IME Consulting, representante de la empresa que tiene sede en Bilbao y que fue la intermediaria entre la fábrica y el Estado boliviano y que terminó vendiendo los respiradores al Ministerio de Salud”, sostiene parte de la nota de El Deber.