Entre vandalismo y descrédito intentan retomar el poder

Después de descubierto el caso de corrupción en la compra de los respiradores artificiales adquiridos en un valor que prácticamente triplica su precio original, por personal del Ministerio de Salud y de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), unidad creada con anterioridad a la presente emergencia sanitaria por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), los políticos se refieren a un posible boicot con la finalidad de desacreditar al gobierno de la presidenta Jeanine Áñez para retomar el poder.

Si la mencionada agencia ya existía desde antes de la caída del anterior gobierno y su función era la construcción y equipamiento de centros de salud, es contradictorio que al momento de enfrentar la pandemia por el coronavirus, el sistema de salud nacional se encuentre prácticamente en ruinas y con el departamento del Beni a punto de colapsar por la falta de instalaciones e insumos para tratar a los infectados con el virus, teniendo una entidad creada específicamente para ese aspecto.

La semana pasada, luego del fallido intento de la Asamblea Legislativa Plurinacional por conformar comisiones para la investigación de este hecho, la diputada por Unidad Demócrata (UD) Shirley Franco, refería que esta agencia fue creada durante la gestión de gobierno del MAS y su función consiste en la adquisición equipamiento para centros médicos del país; sin embargo, como varias entidades creadas era incierta su transparencia y el manejo de los recursos asignados para su funcionamiento debido al encubrimiento del anterior gobierno hacia su militancia en funciones estatales.

“El Movimiento al Socialismo quiere circunscribir la investigación únicamente en los casos de los 170 respiradores y nosotros queremos profundizar esta investigación. Estamos solicitando la ampliación no solo en el marco de la crisis sanitaria sino también las donaciones, contrataciones, repartición de ítems y a todas las adjudicaciones que haya realizado esta agencia, porque lamentablemente esta corrupción está enraizada desde la gestión del MAS”, manifestó Franco, desmintiendo declaraciones en sentido de que se estuviera tratando de encubrir los actos de corrupción.

Sobre este tema, el diputado representante del departamento de Potosí, Gonzalo Barrientos, también expresaba criterios sobre uno de los principales implicados en este escándalo y su estrecha relación con la exministra de Salud, Gabriela Montaño, de quien era hombre de confianza desde que desempeñaba labores en la Asamblea Legislativa sobre quien existían denuncias por malos manejos económicos en la Cámara de Senadores y también en la construcción del edificio del Legislativo.

“El principal involucrado de apellido Valenzuela es masista, brazo derecho de Gabriela Montaño, que denunciamos en su momento por compras irregulares en la Cámara de Diputados y en la construcción del edificio Legislativo por sobreprecios. Este señor se fue al Ministerio de Salud con Montaño” indicaba el legislador.

Un aspecto destacado por Barrientos fue que los trabajadores de las entidades estatales continúan desempeñando funciones en el aparato estatal debido a una ley aprobada para evitar que estos sean removidos de sus cargos.

“El MAS aprobó una ley de inamovilidad funcionaria para hacer que se queden esta clase de funcionarios y ahí están los resultados. Vamos a exigir que se lleve a cabo una investigación a dirigentes masistas para establecer si pudo haber comunicación con este señor y que es lo que está detrás de todo esto” manifestó.

Dentro de las posibilidades debatidas en distintas esferas políticas y sobre todo en redes sociales, también se maneja la teoría de que el MAS busca retomar el poder mediante el desgate de la imagen de la presidenta, el boicot a la gestión de gobierno y los movimientos desestabilizadores violentos en distintas regiones del país, todo dirigido desde Argentina por el exmandatario Morales. La finalidad de estas maniobras estarían apuntando a que luego del apartamiento de la presidenta Añez por presión popular, el gobierno sea sumido por la senadora Eva Copa.

Al respecto, el asambleísta departamental y vocero de la agrupación Juntos, Edwin Herrera, manifestó que no se debe descartar ninguna posibilidad, y menos si viene del Movimiento al Socialismo que no deja pasar ninguna oportunidad para intentar crear el caos en el país sin importar que se ponga en juego la estabilidad y peor aún en tiempos de emergencia sanitaria.

“Un muy buen porcentaje de gente vinculada al MAS ha permanecido y permanece en sus puestos de trabajo en segundos, tercero y cuartos niveles del aparato público. No habría que descartar. Se debe buscar responsables a través del cumplimiento de la ley sin contemplaciones, sin privilegios y caiga quien caiga como manifestó ya la presidenta”, enfatizó Herrera.

Añadió que las acciones llevadas a cabo por dirigentes masistas, si responden a una estrategia más grande que es la desacreditación del Gobierno y pidió cautela los movilizados pues las acciones que se están tomando no solo podrían perjudicar a la actual administración gubernamental sino al pueblo boliviano en su conjunto.

“Está en curso una estrategia que tiene que ver con desacreditar la gestión de gobierno de la presidenta y al mismo tiempo presionar para la realización de las elecciones lo antes posible. Esta estrategia no se compadece de la situación que está viviendo el país”, señaló, haciendo relación a que desde el masismo se estaría queriendo tapar un crimen con otro crimen.

Pidió a la población saber diferenciar las intenciones del MAS y no caer en el juego que plantean mediante redes sociales y por atentados desde el interior de entidades públicas.

Por lo expuesto, los posibles intentos de retomar el poder por parte del anterior gobierno son una teoría que no puede ser descartada, ni tampoco las artimañas que esta tienda política y sus simpatizantes vayan a tomar, por más peligrosas y descabelladas que puedan resultar.