Como todos saben, la corrupción en Bolivia es una vieja historia de los gobiernos, que alcanzó su apogeo en los 14 años precedentes. En el caso de los respiradores, la mano de los funcionarios adictos al régimen de Evo Morales tenía que seguir sus prácticas corruptas y cumplir las instrucciones que recibían desde Buenos Aires, para socavar desde dentro la imagen del Gobierno transitorio.
De mismo modo arrastramos la tradición de un Estado de muy fácil engaño en materia de adquisiciones, sobre todo del exterior, fama en gran parte originada por descuido, dejadez e incuria de los funcionarios delegados para efectuar estas negociaciones, peor aún si se añade un afán corrupto que no deja pasar oportunidad. Seguramente ante ese panorama heredado, la actual gestión pública aplicará fuertes correctivos, debiendo influir en ello las sanciones ejemplares que se espera en el caso de los respiradores y en otros que se presentarán.
En este caso hasta el momento se registran cinco o seis detenciones de implicados, pero como en todo debido proceso, la Justicia deberá establecer con sumo cuidado los grados de responsabilidad individual. En nuestro medio y como característica del anterior régimen, los denunciantes eran los primeros detenidos. En este nuevo negociado es indudable la presunta responsabilidad del señor Valenzuela, en su calidad de Asesor Legal del Ministerio de Salud, del señor Pacheco, Director Ejecutivo de la Agencia de Infraestructura de Salud y Equipamiento Médico (AISEM); Ana Espinoza y un señor Pérez, ambos consultores del BID, organismo supervisor de la adquisición. Un grave antecedente de inculpación contra los ejecutivos de AISEM es que de dos funcionarios que se negaron a firmar el contrato respectivo, uno renunció y el otro fue despedido.
Además de los anteriores se añade Humérez, el “testigo clave” del caso, quien relató que a pedido de Valenzuela se contactó con el abogado Zuleta, militante del MAS, quien fue defensor de Gabriela Zapata. Se dice que el primero reside fuera del país y que tomó contacto con la consultora española que tramitó todo el proceso de compra en el país europeo. Como principal autoridad de Salud también guarda detención el destituido ministro Marcelo Navajas.
AISEM es un organismo descentralizado y monopólico de la adquisición de material médico de carácter público, estatus que le da grandes oportunidades de negociados y de enriquecimiento ilícito. Las actuales investigaciones no deberían abarcar solamente el presente caso, sino ampliarse a toda su gestión en el entendido de que su antigüedad de funcionamiento es relativamente cercana. Este organismo, como muchos otros, hechura del gobierno del MAS, muy probablemente se instauró a propósito para albergar a los favoritos o colaboradores de confianza, en una especie de “carta blanca” para enriquecerlos a costa de los intereses nacionales.
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