Los respiradores del escándalo y la corrupción

El reciente escándalo en el que está envuelto el gobierno por la compra en “tiempo récord” de respiradores de fabricación española para pacientes de Covid-19, no solo ha puesto en “jaque” las aspiraciones presidenciables de Jeanine Áñez, sino también ha externalizado afanes e intereses groseros de funcionarios y autoridades públicas –ya sea por acción u omisión-, ávidas de sacar beneficios y ventajas ilegítimas de esta “urgencia sanitaria”.

Queda demostrada una vez más la imposibilidad histórica -o al menos, dar señales claras- de superar la corrupción instalada en la administración pública; aunque, irónicamente, la clase política en periodo electoral suele mostrar su ferviente compromiso para luchar contra este flagelo. Tal discurso se ha convertido en un “ardid publicitario” de buenas intenciones; pues una vez apostados en el poder, muestran indiferencia por combatir contra estos actos delictivos inmorales y degradantes que, a modo de “metástasis”, están presentes en todas las esferas del aparato público.

Duele la inmoralidad criminal de pretender lucrar en plena emergencia sanitaria, a raíz de la propagación de casos de contagio y decesos por el coronavirus. La situación demanda y exige que los recursos del Estado sean administrados con absoluta transparencia, probidad e idoneidad tan esenciales para asegurar la correcta inversión en bienes e insumos destinados al fortalecimiento del sistema público de salud.

Este nuevo ilícito desnuda la “miseria humana” de los implicados en la adquisición de 170 equipos de respiración artificial marca RESPIRA Device, suministrados por la empresa intermediaria IME Consulting Global Services S.L., con un sobreprecio escandaloso de $us 27.683 por unidad; cuando la compañía fabricante española GPA Innova los comercializa a $us. 6.540 la unidad en su versión básica, que es la que llegó al país. Tal operación fue realizada por el Ministerio de Salud, gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el equipamiento Covid-19, y cuyo daño económico al Estado asciende a más de tres millones de dólares.

Escudados en una emergencia que simplifica procedimientos administrativos para las compras y contrataciones con la finalidad de responder acuciosamente a la crisis, varios funcionarios claves del Ministerio de Salud, incluido el ministro del área, Marcelo Navajas, se encuentran con detención preventiva, por la dolosa compra de respiradores que, además de encontrarse desactualizados, escasamente podrían ser utilizados para terapia intermedia, dada su precaria capacidad de autonomía. Por lo que no son aptas para las Unidades de Terapia Intensiva que requiere la atención de pacientes del Covid-19.

Son aberrantes las pretendidas ganancias tanto del proveedor-intermediario IME Consulting –por cierto, de reputación dudosa-, de propiedad del español Ignacio Manuel Mazarrosa Escoriaza, el contacto Walter Zuleta, refugiado en Perú y el gestor en Bolivia, Luis Fernando Humérez –supuesto testigo clave-, pues habrían acordado inflar los precios hasta en $us 2.000 por equipo, asegurando utilidades de $us 340.000 para cada uno.

Al parecer, los cuestionados respiradores “nos dejaron sin aliento” no solo por los ribetes de escándalo y corrupción que ello encierra, sino fundamentalmente por la falta de principios humanitarios, sensibilidad y solidaridad de parte de estos “oportunistas mercenarios y especuladores”, a quienes definitivamente no les importó lucrar y obtener beneficios a costa de la desesperación, sufrimiento y dolor de las familias bolivianas.

Ojalá este gobierno tenga la capacidad de esclarecer y sancionar con todo el peso de la ley a los involucrados en este vergonzoso escándalo, no solo para recuperar la confianza y la credibilidad, sino, ante todo, la fe del pueblo en el Estado.

El autor es MGR. Docente e Investigador.