Fraude electoral en octubre de 2019
> El procurador general del Estado, José María Cabrera, sostuvo que esta inacción también podría derivar en un proceso por incumplimiento de deberes contra el ejecutivo del Órgano Electoral, según manda la misma normativa
La Procuraduría General del Estado de Bolivia advierte sobre la peligrosidad de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) mediante su presidente, Salvador Romero, aún no se haya constituido como parte querellante ante la justicia, en el caso del fraude electoral en las elecciones anuladas de octubre de 2019, pues esta investigación, en la actualidad se encuentra en su fase probatoria.
Las recientes declaraciones del procurador general del Estado, José María Cabrera, en sentido de que el Órgano Electoral aún no se haya constituido como parte querellante en el caso del fraude electoral de las elecciones truncadas en octubre del año pasado, siendo que las normas obligan a los ejecutivos de la entidades estatales a iniciar acciones penales cuando la institución que dirigen se ve envuelta en casos de corrupción o irregularidades.
Según lo informado por la Procuraduría, la máxima autoridad ejecutiva de cualquier entidad pública debe iniciar acciones legales ni bien se tenga conocimiento de la existencia de alguna investigación penal en la entidad que dirige, como manda el artículo 14 de la Ley 04 de lucha contra la corrupción. Hecho que no ha sido atendido hasta la fecha por el presidente del Órgano Electoral, tomando en cuenta que se tiene conocimiento de las irregularidades que anularon las elecciones generales de 2019 desde noviembre del año pasado. Esta inacción también podría derivar en un proceso por incumplimiento de deberes según manda la misma normativa.
Esta declaraciones fueron expresadas para que la ciudadanía tenga conocimiento sobre el estado de las investigaciones y por el bienestar de los intereses del estado informó el procurador.
“De cara a la opinión publica ponemos de manera transparente a conocimiento de toda la ciudadanía estas actuaciones, puesto que los intereses más altos del país, en este caso la lucha contra la impunidad y la preservación de la democracia, no pueden administrarse en gabinete, entre cuatro paredes” manifestaba Cabrera en una entrevista concedida a la red televisiva ATB.
Añadió que el proceso investigativo se encuentra en su fase probatoria y de pericias informáticas, es de gran importancia la participación de los personeros del TSE y de los tribunales departamentales para llevar adelante esta labor de manera más óptima. De los nueve tribunales departamentales y el órgano electoral nacional se deberían haber iniciado diez procesos diferentes, la única instancia que cumplió con su deber fue el Tribunal Departamental de Oruro, aclaró Cabrera.
MOVILIZACIONES
Las irregularidades en el proceso electoral de 2019 desataron grandes protestas populares que terminaron con la renuncia y posterior fuga del país del expresidente Evo Morales Ayma, una vez comprobada la manipulación de datos y la parcialidad del TSE a favor del régimen del MAS. La auditoría sobre el proceso electoral fue llevada adelante por la Organización de Estados Americanos (OEA) y este estudio también fue tratado de ser escondido por el exmandatario horas antes de huir del país.
En el informe presentado por el organismo continental, el pasado 10 de noviembre, se concluyó que en los comicios electorales se incurrió en “manipulación dolosa y parcialidad de la autoridad electoral” para favorecer al partido en función de gobierno.
“El golpe de Estado es una forma ilegítima de acceder al poder o de ejercerlo, en ese contexto, si hubo un golpe de estado en Bolivia. Ocurrió el 20 de octubre cuando se cometió fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales”, expresaba Luis Almagro ante la Organización de Estados Americanos reunida de emergencia para tratar el tema de las elecciones generales anuladas en Bolivia, y ante las posturas ideológicas afines a la izquierda radical, que sostenían que en el país había tenido lugar un golpe de Estado.
Las medidas de emergencia sanitaria en el país y el mundo han hecho que varios temas pasen a segundo plano mientras se supera el momento crítico y las economías se preparen para el día después de la pandemia, pero esta situación no debe ser la que obscurezca temas tan sensibles para el país y su estabilidad política, como la vulneración del voto de los bolivianos en las pasadas elecciones.
Cabe recordar que un estudio reciente dio cuenta que en Bolivia hubo fraude electoral, que confirma las conclusiones de la OEA sobre los comicios del año pasado, y desestima los cuestionamientos de dos investigadores estadounidenses divulgados hace dos meses por el diario The Washington Post.
La misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó que hubo “manipulación dolosa” e “irregularidades graves” en los comicios del 20 de octubre de 2019 en Bolivia, y señaló la imposibilidad de validar los resultados, lo cual provocó la renuncia del reelecto presidente Evo Morales en medio de una convulsión social.