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Surgen críticas al Tribunal Supremo Electoral


 

Aparece una serie de críticas alrededor de la gestión del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero y del Órgano en su conjunto. Se aprecia este temperamento tanto en la opinión pública cuanto en ciertos niveles legislativos y del Ejecutivo. El procurador General del Estado, José María Cabrera, ha hecho de conocimiento público que el nombrado presidente del TSE dejó sin respuestas tres cartas que le envío el primero. El objeto de las mismas, según refiere, ha sido instarle a que como máxima autoridad electoral del país, inicie una querella por el fraude electoral de 2019 en la persona del ex presidente Evo Morales y de quienes sean responsables de haber burlado la voluntad popular, y se constituya al mismo tiempo en parte civil de la causa. Le recuerda que ese acto fraudulento fue comprobado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y además que es causante de una crisis político social contra la tranquilidad que el país anhela. El Procurador del Estado subraya que habiendo agotado la vía persuasiva, se verá obligado a plantearle un proceso judicial por incumplimiento de deberes y otros.

Por otra parte, se percibe la inacción o por lo menos falta de información del TSE acerca de las acciones que le corresponden sobre lo que se ha venido en llamar “redistribución de escaños”, aspecto que con más propiedad se refiere a la injusticia discriminatoria que sufren los centros citadinos o urbanos en la ponderación de sus votos en relación con el de las áreas campesinas del país. No se duda que la enmienda de tan lamentable hecho ha de ser objeto de una decisión legislativa de fondo que, al presente, es imposible.

En cambio, hay otras medidas que se espera acometa el TSE en uso de sus atribuciones legales. Entre ellas la recomposición de las circunscripciones electorales, sobre todo de las que incorporan sectores rurales a zonas urbanas. La finalidad es neutralizar en el escrutinio la posible tendencia electoral mayoritaria de las zonas urbanas. Asimismo, la opinión pública se pregunta qué hay sobre la revisión y ajuste del padrón eleccionario que, a todas luces, ha sido permanentemente fraguado por los tribunales concernidos a lo largo de catorce años.

En ese mismo aspecto tampoco se sabe algo acerca de la depuración de las personas fallecidas y peor aún de la inmensa cantidad de duplicación y más de cédulas de identidad, dando lugar a doble y triple voto. Se trata, sin duda, de casos y cosas que nublan en profundidad la pureza y credibilidad de los procesos electorales. Se extraña también que por lo conocido, el TSE y, por supuesto, los Tribunales Electorales Departamentales estén desempeñando un papel de mera administración como cualquier oficina burocrática estatal, tanto más en un organismo de enorme responsabilidad en tiempos relativamente inmediatos. Que no sirvan de excusa la pandemia y la cuarentena que toca a su fin.

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