Sector hidrocarburos requiere acuerdos y nuevas normativas

El desarrollo de los hidrocarburos en Bolivia quedó paralizado desde algunos años. La pasada gestión la situación empeoró por los conflictos sociales y ahora la crisis se profundizó por la caída del precio del crudo en el mercado internacional, y para reactivar al sector se requiere de institucionalidad, acuerdos y nuevas normativas, según expertos en el tema hidrocraburífero.

En 2019, la producción de gas natural cerró con un poco más de 43 millones de metros cúbicos día (MMmcd), hasta marzo 2020 la misma subió a 51 MMmcd, sin embargo, debido a la caída de la demanda la situación se pone complicada para el sector de los hidrocarburos en el país.

En su blog, el experto en el tema Mauricio Medinaceli, a raíz del anuncio del ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, junto al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Richard Botello, sobre la “Agenda de Recuperación del Sector Hidrocarburos”, planteó que la misma pasa por un acuerdo social y político.

La semana pasada, señalaron las autoridades del sector, que tras la flexibilización de la emergencia sanitaria que se registra en diferentes puntos del país, el Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos inician la elaboración de la “Agenda de Recuperación del Sector Hidrocarburos”, en la perspectiva de reactivar la economía del país y reestructurar la estatal petrolera.

El pasado viernes, en su canal de Youtube, el excandidato por el MNR a la presidencia, Virginio Lema Trigo, organizó una charla denominada “Hablemos del sector económico más importantes de Bolivia”: Hidrocarburos, en la que participaron Hugo del Granado, Mauricio Medinaceli, Álvaro Ríos y Francesco Zaratti.

Inversiones y normas

Los cuatro participantes coincidieron que las inversiones no llegaron al país debido a la norma promulgada en 2005, que no permite la participación del sector privado, y menos genera incentivos.

Del Granado asegura que el país tiene potencial hidrocarburifero, lo que requiere son inversiones, y ya se estimaron que las reservas pueden llegar a 50 TCF, en diferentes regiones del país.

Es claro al indicar que se debe abrir cerrojos para atraer inversión privada, y que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos deje de ser juez y parte, que se dedique a lo que sabe hacer y se concrete la institucionalización no solo de YPFB, sino también de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Se presenta un panorama alentador para el sector siempre que se suprima los desincentivos que se aplican desde hace varios años, y se presente un marco atractivo para los inversionistas privados.

Por su parte, Ríos informó que el sector de hidrocarburos es intensivo en tecnología y capital, y que las empresas no consiguen créditos fácilmente, por lo que operan con sus propios recursos.

La pandemia provocó la reducción de gastos y se redujeron miles de fuentes de empleo en el mundo, y más con un contexto adversó con el precio del bajo precio del petróleo en el mercado internacional.

Recordó que la anterior Administración de Estado recibió reservas importantes de gas, y una nueva Ley de Hidrocarburos, y los recursos captados durante 14 años alcanzaron a 47.000 millones de dólares por la venta de gas a mercados de Argentina y Brasil, principalmente.

Lamentablemente, la ley fue el pan para el día y pobreza para mañana, debido a que la norma solo apuntaba a cosechar lo sembrado en más de 20 años, y no fomentaba la siembra, es decir aumentar reservas.

“Solo se dedicó a explotar reservas existentes y no a explorar”, dijo a tiempo de señalar que la 3058 tiene varias restricciones, como no te permite explorar en áreas lejanas, norte de Bolivia, o en estructura pequeñas.

Ese escenario provocó que el dinamismo se vaya perdiendo y las operadoras limitadas a producir esas reservas existentes, con una renta que no permitía hacer mayores inversiones, en plena demanda de gas natural por parte de Argentina y Brasil.

Del Granado estimó que en la actualidad se llega a una producción de 52 MMmcd, pero si no se hacen los esfuerzos por aumentar las reservas, en cinco años el país tendrá que importar gasolina y diésel, y en siete años se acabará el gas, y ya no se tendrá para exportar.

Reconoce que el contexto es complicado en la actualidad, debido a los precios bajos y una Ley de Hidrocarburos que aplica altos impuestos a las petroleras.

Hugo del Granado opinó que la Constitución Política del Estado se adecuó a las políticas nacionalistas que hicieron mucho daño al sector; y la Ley 3058 quedó obsoleta, que pone en desventaja al país frente a sus competidores.

EMPRESAS DE SERVICIOS

Coincidió con los otros expertos en que YPFB realizó exploraciones fallidas, y ahora las empresas que prestan servicios al sector, cada día van cerrando, y no hay una forma de protegerla, y si no se reactiva el sector, estarán peor.

Hidrocarburos aporta al país

Por su parte, Medinaceli aseguró que al sector de hidrocarburos no hay otro que lo reemplace, ni los minerales, tampoco la energía y el proyecto del litio, debido a su alto impacto en la economía nacional, ya que genera impuestos, energía, paga la Renta Dignidad, genera recursos para universidades, gobernaciones y municipios, y divisas para el país por la venta del gas.

También está de acuerdo en que la normativa sólo sirve para cosechar y no para sembrar, y existe falla en la parte exploratoria.

Opina que hay soluciones técnicas para recuperar al sector, pero demandan un alto costo político, debido a que estos deben asumir compromisos, como eliminar los subsidios, flexibilizar los impuestos para las petroleras, cuyas decisiones que provocarán la reducción del apoyo social.

A eso señala que se debe modificar toda normativa legal en el sector con el fin de atraer inversión privada, y consolidar mercados de Argentina y Brasil.

Las medidas deben generarse en el corto plazo, de lo contrario para el 2040 la producción de gas será cero; es por ello que la nueva normativa debe apuntar a una eficiente YPFB y establecer incentivos para las petroleras.

A su vez, Zaratti apoya la modificación de la ley, modernizarla, tomando en cuenta que la industria petrolera cambio de escenario, por la incursión de nuevas formas de explotación, como el fracking.