TSE definió nuevo rango de fechas para comicios

Luego de un acuerdo con los partidos políticos participantes de los comicios electorales 2020, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) definió un nuevo rango de fechas para las elecciones generales hasta el 6 de septiembre. Esta decisión fue expresada ayer en un proyecto de ley que deberá ser aprobado por la Asamblea legislativa Plurinacional en los próximos días de no presentarse mayores dificultades.

Mediante su presidente, Salvador Romero, la sala plena del órgano electoral emitió un pronunciamiento y presentó el proyecto de ley que plantea la realización de las elecciones generales hasta el 6 de septiembre de 2020.

Para Romero, este es el resultado de una ardua labor de negociaciones y consultas entre el órgano electoral y todos los representantes de partidos políticos, emprendido semanas atrás, hasta llegar a un acuerdo final que dio luz a la nueva fecha para la votación. Este entendimiento contó con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y la Iglesia, quienes brindaron sus buenos oficios para alcanzar los acuerdos alcanzados.

La pandemia de Covid-19 por la que atraviesa Bolivia y el mundo, además de sus efectos en la vida de los ciudadanos, fue uno de los principales aspectos considerados para determinar la postergación de la fecha de elecciones en primera instancia, pues es un riesgo que debe estar controlado y su atención debe constituirse en prioridad para el Estado.

“El país necesita enfrentar el coronavirus, cuyos números han aumentado de manera significativa y atender sus primero graves impactos en numerosas áreas de la vida colectiva”, señaló Romero, expresando su solidaridad con las familias que han perdido seres queridos a causa y en la lucha contra el mortal virus.

Añadió que este proyecto de ley abre un lapso de tiempo antes de reanudarse el calendario electoral hasta la segunda quincena del mes de julio, dando certezas a la población sobre la realización de las elecciones y la fecha en que se produzca la jornada de votación, velando principalmente por la salud y el derecho a la participación de la población en política.

El presidente del órgano electoral, manifestó que de ahora en más, el deber de las agrupaciones políticas debe centrarse en socializar sus proyectos en salud, educación, economía, medio ambiente, entre otras. Destacó el papel del órgano electoral para promover el dialogo, así como el de todas las fuerzas políticas que llegaron hasta esta etapa del proceso, cediendo parte de sus posiciones a favor del bien mayor.

“Con este acuerdo, el Tribunal Supremo Electoral ha cumplido plenamente su responsabilidad como poder del Estado. Ha comprendido a cabalidad cuales son las funciones esenciales y centrales que constituyen su razón de ser. El horizonte lo dibuja un proceso electoral técnicamente sólido, políticamente imparcial, de alta participación ciudadana, con las debidas medidas de seguridad sanitaria, que desemboque en una jornada de votación limpia y con resultados aceptados porque reflejan la voluntad popular” indicó.

El resultado de las negociaciones se plasma en el proyecto de ley que prevé la realización de la elección general hasta el domingo 6 de septiembre. “Una vez publicada la ley, el órgano electoral fijará ese día como fecha de la elección general 2020 a través de una resolución” informó.

El pronunciamiento fue emitido por los miembros de la sala plena del TSE Salvador Romero, María Angélica Ruiz, Oscar Hassenteufel, Rosario Baptista y Daniel Atahuichi. En presencia de candidatos y delegados de partidos políticos en instalaciones del Tribunal Supremo Electoral.

Se tiene previsto que en las próximas semanas el TSE y los tribunales departamentales continúen con el trabajo para a definir los protocolos que regirán las actividades preparatorias y las del día de votación, cumpliendo todos los requerimientos de seguridad sanitaria recomendad por profesionales en salud.

Para el ex presidente y candidato presidencial por la agrupación Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa Gisbert, este acuerdo vela principalmente por la salud de la población y propicia un escenario para que el país pueda garantizar la continuidad de la democracia y el respeto de la ley.

“Se tiene que cuidar la salud y su preservación, y la necesidad de superar un momento político complicado que tiene que terminar con la transitoriedad y garantizar la continuidad de la democracia y la constitución, a partir de un gobierno electo en las urnas de manera transparente clara y segura para todos los bolivianos” expresó Mesa al final del acto de presentación del proyecto de ley.

Similares criterios expresó el también ex presidente y candidato de la agrupación Líder 21, Jorge Quiroga Ramírez, quien resaltó que la decisión debió estar siempre en manos del órgano electoral bajo el asesoramiento de profesionales especializados que recomienden los mejores escenarios para la determinación del día de votación.

“El país entero necesita, por la circunstancia particular que hoy vivimos, por la dramática crisis sanitaria, por el momento económico tan complejo que se viene, un gobierno con capacidad, con credibilidad, pero sobre todo con legitimidad. Es imposible conseguir un gobierno con legitimidad si salimos a votar en medio del coronavirus. Lo mejor era dejar a criterio del TSE en función a la recomendación sanitaria la fecha exacta”.

En contacto con EL DIARIO, el vocero de la alianza “Juntos” José Luis Bedregal, con relación a esta decisión manifestó: “nos ha sorprendido las declaraciones en sentido de que se hubiera producido un acuerdo, nosotros no hemos participado de ningún acuerdo como alianza Juntos, lo que hemos hecho siempre es mantener nuestra posición de que el Tribunal Electoral debe definir una fecha de elecciones lo antes posible, tomando en cuenta las condiciones de seguridad para la población. Que estas no se conviertan en una fecha administrativa, sin tomar en cuenta la evolución de la pandemia”.

Añadió que si bien no tienen conocimiento de qué fuerzas políticas participaron del acuerdo, esta alianza se mantiene en la postura de asistir a cualquier proceso electoral convocado por el TSE de manera disciplinada y respetando las normativas establecidas en la constitución política del Estado, esperando que esta etapa se encuentre planificada en base a criterios técnicos de profesionales en salud y no solo a acuerdos entre actores políticos.