El levantamiento insurreccional nacional y democrático de noviembre del año pasado no solo estuvo destinado a poner fin a un gobierno populista, carente de la mínima orientación histórica, sino también anular la Constitución Política del Estado (2009) de carácter feudal y colonial vigente y sustituirla por otra que ponga al país en la verdadera línea de su desarrollo nacional y democrático. Como es sabido, el primer objetivo fue conseguido, pero el segundo está pendiente de realización, por lo que el país al presente está anclado y condenado a permanecer en estado de retroceso, caótico, de narcotráfico, corrupción, dependencia…
Una propuesta de un ex presidente de reformar la Constitución ha actualizado la urgencia de una medida de esa naturaleza que, en realidad, constituye el primer punto de la agenda de cuestiones nacionales, más aún después que el país estuvo durante catorce años a la deriva, bajo la conducción de una autocracia anarco-populista sin orientación y destruyendo lo poco que se había avanzado.
En primer lugar, es necesario un estudio que revele el contenido de esa Constitución, ya que, hasta el presente, no fue objeto de análisis de parte de nuestros constitucionalistas, abogados, partidos políticos, etc., lo que determinó que la ciudadanía no conozca el verdadero significado de esa norma fundamental para el desarrollo histórico de Bolivia y, a la vez, el pueblo se encuentre a oscuras.
Dicha omisión determinó que el tema constitucional ahora se convierta en el primer punto del orden del día de las cuestiones nacionales y, más que todo, sirva para que el pueblo sepa a dónde se dirige el país y hacia dónde debe dirigir su fuerza de trabajo. De ahí que al presente la reforma o cambio de la Constitución es una necesidad y, a la vez, es necesario estudiar cuál debe ser el mecanismo adecuado para llegar a ese objetivo.
La proposición de un ex Presidente (Eduardo Rodríguez V.) consiste en que, primero, se cambie el nombre de “Estado plurinacional” por otro; que el nuevo gobierno, producto de elecciones, sea el que, en vista que el país enfrentó tres grandes crisis (incendio de la Chiquitania, expulsión del poder de Evo Morales y la crisis política actual), convoque a elecciones para una Constituyente, la que procedería a la reforma constitucional. Otra propuesta sugiere (Carlos Mesa) que, previamente, mediante el diálogo para un pacto social, se resuelva la crisis electoral actual y recién un gobierno nuevo deberá plantear una Constituyente que proceda a la reforma de la Carta magna.
Al respecto, se debe destacar que toda Constitución tiene un contenido esencial que orienta la vida del país hacia un destino histórico definido y, al mismo tiempo, tiene aspectos de forma destinados a fortalecer, desarrollar y ampliar los aspectos esenciales. Así, contenido y forma, conforman un solo cuerpo sin contradicciones. Es, pues, desde ese enfoque que se debe plantear la necesidad de una nueva Constitución y señalar, a la vez, el mecanismo que la dicta, o sea, deberá ser una Asamblea Constituyente con todo el poder para constituir y sin que nada ni nadie la interfiera o esté por encima de ella.
En relación con el punto anterior, se debe señalar que esa relación de contenido y forma no se cumple en la actual Constitución, lo cual hace imprescindible no solo su reforma, sino su cambio sustancial. A la vez, se debe señalar que la Constitución en vigencia si bien es legal, no es legítima debido a que no fue redactada ni aprobada en su totalidad por la Constituyente de 2006, sino por una comisión parlamentaria extra constituyente, o sea esta Constitución es gran aborto ilegítimo.
Al margen de ese aspecto, y volviendo al tema, la línea maestra de la actual Constitución es reaccionaria, de orientación neofeudal y antidemocrática. Retrocede a antes de 1952. Niega a Bolivia la condición de Nación y la ha convertido en un “Estado Plurinacional” sin raíz en la realidad. También es anárquica, crea el desorden en la producción y debido a esos y otros aspectos (que deben ser señalados en forma concreta), establece la vigencia simultánea de varios sistemas económicos antagónicos, (Art. 306. Economía plural), sin que sus autores se hubiesen enterado, ni muchísimo menos, que en ningún país del mundo pueden existir varios y ni siquiera solo dos sistemas económicos contrarios (comunitarios, feudales, capitalistas, cooperativistas socialistas, comunistas,) en absoluto desacuerdo, ya que cada uno de ellos tira por su lado y así se crea la confusión en todos los niveles. ¡Un verdadero pandemónium!
Otro aspecto aberrante y que raya en la esquizofrenia, establece la fórmula económica populista, por la que Bolivia debe pasar a “construir el socialismo” sobre los restos descompuestos del comunitarismo preincaico de cinco mil años atrás (como si la historia fuese reversible) y con el deseo metafísico de que para llegar a ese comunismo, no se debe cumplir previamente la etapa democrática-capitalista.
Así, en general, las diversas propuestas reformistas de la Constitución llegan al mismo resultado populista. Se mantienen las características objetivas primitivas y se cambia solamente lo adjetivo, resultado para el que la sabia comparación popular es apropiada: “la misma chola con distinta pollera”. En esa forma, nuestros reformistas lo que en realidad proponen es el “perfeccionamiento” del régimen que dicen repudiar.
En relación con esas proposiciones reformistas, analistas políticos que escriben en la sección Opinión de EL DIARIO (21-1-2018) propusieron, por el contrario, que un movimiento social triunfante establezca un gobierno provisional con el único objetivo de convocar a una Asamblea Constituyente con las más amplias libertades electorales, destinado a dictar una nueva Constitución en su contenido y forma, que sea claramente nacional y democrática en el sentido económico y político, respectivamente; que sustituya en todo sentido la actual farsa magna anarco-populista y sin la menor relación con utopías miliunanochescas, es decir, con la base que se debe hacer lo que es posible realizar y no soñar con paraísos irrealizables (1).
(1) Ver del autor: Historia y Crítica de la Constitución Plurinacional. La Paz. 2015. 35 págs.
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