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El ministro de Defensa, Fernando López, y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, negaron ayer, con documentos en mano, el presunto sobreprecio en la compra de granadas de gas lacrimógeno, que fue denunciado por un medio de comunicación.
El titular de Defensa aseguró que volvería a firmar “una y mil veces” nuevos contratos enmarcados en la legalidad para continuar en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en Bolivia.
“Esto está absolutamente transparentado y con estos documentos estamos demostrando que no existe, ni existió, ningún tipo de sobreprecio (…), vamos a demostrar las falsedades de esa denuncia con pruebas fehacientes, fidedignas, que seguramente serán parte de cualquier proceso de investigación serio por parte de quien corresponda”, señaló.
López lamentó que el medio de comunicación haya intentado confundir a la opinión pública, comparando una granada pequeña con otra de mayor tamaño y gramaje que compró Bolivia.
Aseguró que se acudieron a un intermediario porque la empresa Cóndor Industria Química, fabricante de municiones y equipos no letales, dio a conocer mediante una carta que “no realiza ventas directas”.
Por otro lado, indicó que el Ministerio de Defensa firmó el contrato porque solo esa instancia tiene la facultad reconocida por ley para hacer este tipo de importaciones.
A su turno, Santamaría aseguró que para la denuncia de utilizó un documento fraguado y se comparó elementos disuasivos no letales de un gramaje con otro, de distintas calidades en condiciones y tiempos distintos.
“El Gobierno está abierto a cualquier verificación, bajo nuestra política de transparencia, sobre cualquiera de estas compras”, puntualizó.
