Ha causado extrañeza en la colectividad el hecho de que el Ministro de Salud haya caído preso porque estaría implicado en un negocio turbio en compra de respiradores en España, no obstante las objeciones que haya habido para no hacerlo. Extrañeza y alarma produce la conducta de quien, pocos días antes, al jurar el cargo, haya comprometido lo mejor de sí resaltando que su conducta estaría enmarcada en una severa, austera y honesta actuación y conducción de las labores encomendadas. Sus antecedentes lo muestran como una persona confiable, capaz, eficiente, honesta y responsable; pero, supuestamente, todo mostraría lo contrario porque el mal de la corrupción lo habría atacado, conjuntamente varios de sus colaboradores.
La Presidenta y su equipo de ministros sabían muy bien que debían tener cuidado en el manejo del gobierno, dadas las muchas experiencias recogidas por el país; pero las posiciones débiles y permisivas, tal vez la creencia de que todo marcha bien y no habría motivo de sospechar de nadie hizo que se confíe excesivamente. El daño moral que se hace el gobierno es grande porque contaba con la credibilidad y confianza de todo el país; se creía que, finalmente, se podía confiar en las autoridades especialmente en momentos en que el país pasa por una de sus mayores crisis con la invasión del coronavirus que, como en la mayoría de los países del mundo, cobra miles de víctimas.
¿Qué pasó con el ministro y sus colaboradores? ¿Cómo es posible que hayan caído en las fauces del monstruo más tenebroso y que causa daños por doquier? Haber aceptado, en las primeras de cambio, una propuesta cara y no acorde con las especificaciones exigidas y desechada una más barata y correcta, es inexplicable y vergonzoso; es, desde todo punto de vista, contraria a las diversas manifestaciones de la Presidenta sobre la urgencia de actuar transparentemente; es, finalmente, una traición al país en momentos en que todos, gobierno y pueblo, vivimos empeñados en combatir al mortal virus y cuando la crisis económica aprieta duramente a las arcas del Estado y que deja casi indefenso al gobierno.
El caso no puede quedar en que simplemente se separa de sus cargos a los responsables y debe aplicárseles todo el rigor de las leyes y, en lo posible, cubran los daños inferidos al país, aunque jamás se borrará la decepción sufrida ya que se ha comprometido la honra del Estado y del gobierno. Es importante, por otra parte, establecer cuál es la responsabilidad de los vendedores que podrían estar seriamente implicados en un daño de inmensas consecuencias.
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