La política boliviana se desarrolla siempre entre extremos y una vez más ahora tenemos que optar por uno u otro, es decir o vamos a elecciones o vamos a votar. Una y otra opción tiene sus seguidores y detractores, de acuerdo con los intereses político - partidistas.
Tanto el acto electoral como la salud son derechos constitucionales e incluso derechos humanos, es decir los ciudadanos tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes y ser elegidos, así como tenemos derecho a la salud, pero aquí se debe priorizar uno u otro, aplicando uno de los fines del Estado que es el bien común.
El populismo masista que fue echado de la presidencia del Estado luego de catorce años de ejercicio del poder, por la movilización ciudadana de 21 días en noviembre del pasado año, quedó indemne en el control de los otros órganos del Estado, como el Órgano Legislativo, el Judicial y buena parte del aparato administrativo del Estado, pues parece que la presidente, que asumió esa función por sucesión constitucional, carece de partido político y ha hecho gobierno (ejecutivo) con algunos de sus colegas parlamentarios o, como dice alguien en las redes sociales desde Santa Cruz, se ha cambiado a un grupo de collas por un grupo de cambas.
El anterior régimen de gobierno cayó en una suerte de colchón de plumas, pues mantiene buena parte del poder político del Estado, desde el que hace dura oposición al gobierno de transición, en especial desde el Órgano Legislativo, pues como dijimos en otra nota: gobernar es dictar normas y hacerlas cumplir y, en consecuencia, el Legislativo con mayoría populista dicta normas según su interés partidario, como la ley que fija fecha de elecciones. Además, como lo expusimos en más de una nota anterior, los actuales miembros del Órgano Legislativo han concluido su mandato el 22 de enero pasado, pues fueron elegidos hasta esa fecha, la prórroga efectuada por el Tribunal Constitucional Plurinacional es inconstitucional, pues se ha arrogado la soberanía del pueblo para elegir a sus gobernantes y representantes en el poder público.
El interés del populismo masista de ir a elecciones en breve plazo, responde a su interés electoral, pues cuenta con un voto leal de carácter étnico y de algunos sectores que en catorce años percibió prebendas y las sigue recibiendo, ya que, como dijimos también antes, el anterior gobierno cuenta con importantes recursos económicos, originados en los sobreprecios de todas las obras efectuadas y de otras fuentes de dudosa legalidad. Y las corrientes electorales no populistas están dispersadas en varias candidaturas, muchas de las cuales no tienen posibilidad de ganar, pero que sumados favorecen al populismo.
La ciudadanía consciente sabe que por encima de los intereses electoralistas está la salud colectiva, que está afectada por la pandemia del corona virus y que amenaza con expandirse aún más. En consecuencia, se debe priorizar la atención a la salud colectiva, por encima de las elecciones.
El Órgano Electoral es el llamado por disposición constitucional a la administración de los eventos electorales y, en consecuencia, es de su competencia fijar las fechas en las que deben efectuarse las elecciones, que en la situación presente debe responder a la valoración científica de los profesionales de la salud y las condiciones económicas y sociales, pues no olvidemos que el costo de hacer elecciones es altísimo y la emergencia sanitaria ha insumido en su atención importantes sumas de dinero público. Además, las elecciones del 21 F que no fueron respetadas y cumplidas por el anterior gobierno y las elecciones de octubre del año pasado que fueron anuladas por el escandaloso fraude cometido, que han costado elevados montos, deben ser cargados a quienes fueron responsables de esos gastos insulsos.
Queremos y debemos votar ¡sí!, pero de ninguna manera en estado de agonía física, controlemos en alguna medida la pandemia y después hablemos de elecciones.
El autor es Abogado, Politólogo y escritor.
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