El Órgano Judicial ante el desafío de la post modernidad y la peste

Ante la mora judicial, es decir la lentitud para dar a cada uno lo suyo, mal permanente de Bolivia, si alguien hubiese propuesto en el 2019 cerrar los juzgados y tribunales de Bolivia, hasta que los jueces pusieren al día sus tareas, habría sido calificado de demente.

Lo que no pudieron hacer los políticos –es decir las autoridades- lo pudo hacer la peste china, y ya van más de 70 días sin Órgano Judicial, y por lo visto el país puede existir sin abogados, jueces, secretarios, diligencieros, y toda la fauna que se nutre de la actividad judicial.

Esta función estatal, la de administrar justicia, se convirtió en un problema de Latinoamérica a raíz de factores fundamentalmente económicos, que obligaron a poner en primer plano una actividad que rara vez, salvo en la crónica roja, es materia de títulos de periódico o fuente de noticias para los mass media.

Ya sea por exigencias del proceso de transición democrática (de casi fines del Siglo XX) o por exigencias del proceso de reforma económica (nacidos en la globalización), las instituciones judiciales adquirieron una relevancia política e institucional decisiva para las elites económicas de la región, para los organismos financieros internacionales, así como para importantes sectores de la ciudadanía local. (En “Poderes judiciales en América Latina: Entre la administración de aspiraciones y la administración del derecho” - Catalina Smulovitz UTDT. Conicet Daniela Urribarri)

En Bolivia durante la dictadura de Morales, siguiendo a los consejeros cubanos y venezolanos, por el afán de llevar adelante el proyecto socialista se mal utilizó esta función estatal para perseguir a todo el que disintiera, colocando miríadas de profesionales del derecho, sobre todos jóvenes, al servicio de las matufias del régimen y de esa manera el país aprendió una nueva forma de persecución política: la persecución judicial.

La guinda del pastel fueron las elecciones de magistrados, que antes se sospechaba eran amañadas y ahora se confirma por el fraude electoral del 2019, que unido a los contubernios del masismo con los opositores de entonces (en actual función de gobierno o de candidatos) pusieron al Órgano Judicial a disposición de la Asamblea Legislativa, que pronto fue copada por el masismo y permanece en esa situación hasta el día de hoy.

La receta aplicada al país dio como fruto un Órgano Judicial sometido a otras funciones del Estado, especialmente al Órgano Ejecutivo y en la práctica se tradujo en que era imposible litigar contra el Estado, que además tenía a su servicio a los canes de la supuesta sociedad democrática, encarnados en los fiscales, peones del gobierno, prontos a caer a dentelladas a todo aquel que pretendiese hacerle olas al partido en mayoría ocasional.

Es en este marco de persecuciones judiciales, lentitud en los procesos ordinarios, penalización de la actividad política opositora y ante el fraude abierto en las elecciones presidenciales de 2019 que vino la insurrección de la clase media, que de inicio mereció la mofa del sátrapa Morales, quien se ofreció a enseñarles a los ciudadanos a bloquear calles, actividad en la que se consideraba ducho. Finalmente fueron los cordeles (las famosas pititas) en cada esquina los que paralizaron el país y motivaron la fuga del dictador y sus secuaces, escondiéndose los que se quedaron bajo sus camas, temiendo se les hiciera lo que hicieron ellos a la oposición real.

Finalmente, la peste china posterior al defenestramiento de Morales obligó al cierre de juzgados y tribunales. De eso, ocurrido a mediados de marzo de 2020 a este mes de junio, ha pasado mucho tiempo, más que suficiente para que todas las causas judiciales del país estén resueltas y atendidas las peticiones. El descrédito en que cayó la manipulada e interesada justicia boliviana es profundo. Su dependencia del poder político es actual y persiste. El camino a recorrer es largo, pero al final del túnel se ve la luz de la modernidad. Morales quiso que volviéramos al incario, ahora nos toca buscar la post modernidad de la actividad judicial, y en esa tarea el internet, la electrónica, el expediente virtual son las palabras a las que los abogados deben acostumbrarse y que permitirán la reapertura segura y sin mora de la actividad judicial pese al virus asiático, para constatar una vez más, que no hay mal que por bien no venga.

El autor es abogado, y quisiera un Poder Judicial independiente y honesto en todo lo posible. Soñar nada cuesta.