Significativa racionalización ministerial

La racionalización de ministerios es, sin duda, una medida acertada del Gobierno Transitorio. Las funciones de Información, Cultura y Deportes en realidad no desaparecerán, sino que proseguirán bajo una nueva dirección, por esto subsisten los viceministerios respectivos. Una especie de macro ministerismo fue producto del gobierno del MAS, como de todo el resto de la Administración Pública. El desempeño de la información pública no puede ser elevado al rango de ministerio. Solo un prurito propagandístico de ciertos regímenes que intentaron en el pasado sembrar una ideologización extrema en la opinión pública y erigir en mito a determinados personajes, como ocurría con Evo Morales, forzaron el aparato del Estado para tal fin.

Otro motivo atendible de esta medida racionalizadora es el ahorro que significará para el Erario Nacional, en momentos que no son los mejores debido a la emergencia sanitaria, junto al receso de las embajadas en Nicaragua e Irán, igualmente implementadas por motivos ideológicos conocidos y sin un relacionamiento económico perceptible. Aunque el ahorro que significarán estas medidas no será considerable, no dejará de alivianar la economía del Estado que, en todo caso, exige muchas otras decisiones tendentes al ahorro y la austeridad.

Por ejemplo, en ese orden de cosas, se impone un análisis ministerio por ministerio para descartar una serie de viceministerios superfluos, sin funciones claramente determinadas y disimulados con nombres rimbombantes con el afán de impresionar y dar la idea de una falsa innovación y modernidad. Este nivel viceministerial, en algunos casos, debería fusionarse con sus pares de funciones mejor diseñadas. Corresponde un análisis similar a la frondosa y bien remunerada burocracia jerárquica de las entidades descentralizadas y empresas públicas, a las que el MAS convirtió en agencias de empleo de sus militantes sin ningún requisito de idoneidad ni de perfil profesional. Entre tales destacan YPFB, IDH, AISEM, ENTEL, Reforma Agraria y otros.

Inclusive expertos en gestión administrativa plantean que un verdadero ahorro debe consistir en un recorte de sueldos y salarios públicos incrementados para gratificar a la clientela política del anterior régimen, al extremo que su pago requiere el increíble gasto de 50.000 millones de bolivianos por año. Una medida semejante, claramente, no la puede asumir un gobierno transitorio, sino pasadas las elecciones generales a quienes les corresponderá analizarlas en el seno de un gobierno elegido para un período constitucional completo.