Según analistas
“Este proyecto de ley será manipulado por intereses políticos. Aparenta legalidad empero es flexible y vulnera artículos constitucionales y penales. Favorece la impunidad exclusivamente de los movimientos sociales evistas quienes están escalando sus afanes de sedición”, manifestó a EL DIARIO el abogado constitucionalista Jorge Santistevan.
Tras que el Senado aprobara el proyecto de “Ley para Regular los Estados de Excepción”, constitucionalista y exdiputada coincidieron que lo que busca el Movimiento Al Socialismo (MAS) es evitar sanciones a los movimientos y conflictos sociales y generar ingobernabilidad al próximo Gobierno.
La exdiputada de Unidad Demócrata (UD), Jimena Costa, manifestó que a sabiendas de que no podrán retornar al poder, lo que hace el MAS con esta norma es prepararse para generar convulsión social en las calles y a nivel del legislativo y conflictuar la institucionalidad del Estado.
“Se están tendiendo la cama para ser oposición, vamos a movilizarnos y en la Asamblea vamos a impedir que nos controlen, que nos reprimen y eviten la movilización callejera. Nos están anunciando los de la bancada del Movimiento Al Socialismo que al haberse ido del poder, se van a dedicar a generar ingobernabilidad”, aseveró en entrevista con Radio Panamericana. Asimismo la exlegisladora aseguró que no sorprenderá ver modificaciones a la ley de juicios de responsabilidades o lucha contra la corrupción.
“Yo creo que van a tratar de utilizar muy bien esos dos tercios que tienen para manipular la institucionalidad y garantizar que no puedan ser procesados aun cuando utilicen la violencia”, manifestó.
LÍMITE A FFAA
Y POLICÍA
En contacto con EL DIARIO, el abogado constitucionalista, Jorge Santistevan, manifestó que si bien es lógico declarar el estado de excepción, como manda la Constitución Política del Estado (CPE), ante una amenaza externa, peligro de guerra internacional así como por el surgimiento de fuerzas irregulares de extrema gravedad que amenacen a los intereses del Estado, no es aceptable que pretendan limitar, obstruir y restringir la reacción de un Gobierno en forma oportuna a través de los medios legales y operacionales.
“El Estado muy poco podría hacer mientras grupos sediciosos se gestan, organizan, reclutan, entrenan y realizan apariciones con acciones tácticas de manera esporádica; similar a lo que estamos viendo en la práctica hoy en día como en K’ara K’ara, Senkata, antenas, ductos y caminos dinamitados, bloqueos de caminos, quemas de domicilios e incendios en puestos policiales, hasta conformarse en una fuerza irregular”, refirió.
El jurista aclaró que en ningún artículo del proyecto de ley señalan lo que se debe hacer contra actos que atenten a la estabilidad del Gobierno.
“Sutilmente dejan de lado, la frase: conmoción interna (que está en el artículo 137 de la CPE) porque es una táctica común usada por los movimientos sociales. A través de movilizaciones, marchas, bloqueos, paros escalonados y continuos, que debilitan la economía del Estado y debilitan a todo un Gobierno; este concurso de actos ilícitos ocasiona conmoción interna pero no lo quieren tratar porque no es de su conveniencia”, dijo.
CPE
Santistevan explicó que el artículo 137 de la CPE, establece que es potestad del Presidente declarar Estado de Excepción; mientras que el proyecto de ley “masista”, establece que “El Estado de Excepción podrá ser decretado o levantado por la Asamblea a sola petición de un legislador”.
“Grave anomalía jurídica, porque es una potestad del Presidente del Estado y no de la Asamblea Legislativa (AL), en consecuencia, los asambleístas estarían incurriendo en resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, de acuerdo al artículo 153 del Código Penal, entre otros delitos”, explicó.
En esa línea dijo que los asambleístas deben enmarcarse en el artículo 12 I. II. III, de la CPE respecto a la estructura del Estado y separación de poderes. “Fundamentalmente la AL debe recordar y cumplir sus funciones, entre ellas: aprobar los estados de excepción de acuerdo al artículo 161. 6 de la CPE, no así decretar o levantar el mismo; en consecuencia, este es un acto ilegal. Si el estado de excepción se deja a cargo de la AL masista, ellos van a declarar o suspender el mismo, cuando tengan ventajas o intereses y no para la defensa de la sociedad y la defensa del Estado”, refirió.
Aclaró que los asambleístas aplican a su medida el artículo 139 de la CPE que dice: “Los estados de excepción serán regulados por ley”.
“Evidentemente usan ese artículo a su medida, porque intenta regular el empleo de los medios humanos y materiales, neutralizando e inutilizando a los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía, al limitar su empleo, para el cual están facultados constitucionalmente de acuerdo a los artículos 244 y 251 de la CPE”, aseveró.
Refirió que con esta norma, la AL promueve a las fuerzas militares y policiales como una simple presencia decorativa, actitud que expone la seguridad de las fuerzas legales y de la propia población contraviniendo el artículo 12. II de la CPE.
“Al aplicar sanciones individuales en el ejercicio de sus funciones, desconocen el carácter de la estructura y organización vertical, así como la legislación nacional e internacional que las FFAA y Policía tienen para el uso de la fuerza, en conflictos internos, cuyos principios se sustentan en la proporcionalidad, la legalidad y necesidad”, aseveró.
En esa línea apuntó que con esta norma el MAS busca maliciosamente amedrentar individualmente a las fuerzas del orden a fin de crear un ambiente de inseguridad y hasta de insubordinación en las calles y romper la cadena de mando.
“Con referencia a las multas del 10% del salario mínimo nacional a los infractores, también es para proteger y dar impunidad a quienes salen a las calles que son los soldados del proceso de cambio, quienes en el mejor de los casos se acogerán al trabajo comunitario, y seguirán en las calles perturbando el orden público apoyados por la prohibición de las detenciones, ante actos de agitación popular y movilizaciones, por lo tanto ni la ley ni la fuerza militar podrá sacar de las calles a estos agitadores o sediciosos”, apuntó.
Aseguró que lo más grave es que la vigencia del estado de excepción se suspenderá a simple solicitud fundada de un asambleísta y no así cuando el estado de necesidad lo imponga.
“Este asunto será manipulado por intereses políticos que, por intereses nacionales, tal como está ocurriendo con todos los temas del país. Este proyecto de ley que a simple vista aparenta legalidad, sin duda es una ley flexible y tramposa que, al vulnerar artículos constitucionales y penales, favorece la impunidad, exclusivamente de los movimientos sociales evistas quienes están escalando sus afanes sediciosos” apuntó.