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Denuncia ANP
Ante la acción violenta de manifestantes que intentaron linchar a periodistas, en la población de Entre Ríos, el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Marco Antonio Dipp, advirtió que el hecho es un “síntoma alarmante de rebrote de la violencia política” en un ambiente previo a las elecciones generales.
Los manifestantes que rechazan las restricciones preventivas contra Covid-19 intentaron linchar a un periodista, a un camarógrafo y al conductor de la unidad móvil del canal de televisión privado Unitel y agredieron a una corresponsal del diario El Deber, en la mañana del jueves 11 de junio, en la población de Entre Ríos, distante a 212 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
“Quémenlo, quémenlo gritaba la turba mientras rodeaban el vehículo de prensa”, relató la periodista de El Deber, Soledad Prado, que junto al equipo de la red televisiva llegaron a las 7:00 horas a ese municipio, localizado en la provincia Carrasco del departamento de Cochabamba, para cubrir la suspensión de actividades adoptada por autoridades regionales frente a un incremento de personas infectadas por la covid-19.
Hasta ayer, según datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes), la ciudad de Entre Ríos registró 145 casos positivos y 19 fallecidos, y ello generó alarma entre las autoridades sanitarias que adoptaron una paralización de actividades (encapsulamiento).
Según el relato de los afectados y del diario El Deber, los incidentes se iniciaron cuando el equipo de Unitel iniciaba una transmisión de noticias. Una turba obligó a interrumpir el trabajo de prensa, presionaron para apagar la cámara de televisión y frente a los golpes de puño y empujones el periodista Rodolfo Orellana, el camarógrafo Joel Orellana y el conductor de la unidad móvil Iván Escóbar se refugiaron en su vehículo.
Según publicación de El Deber, los agresores empujaban el motorizado de un lado a otro y amenazaban con prenderle fuego con sus ocupantes en el interior.
El periodista Rodolfo Orellana asumió el riesgo de abandonar el vehículo para pedir ayuda y mientras corría en dirección de un cuartel policial, recibió golpes y patadas en medio de gritos de los manifestantes.
La periodista Prado vio llegar a Orellana, tembloroso y sumido en llanto, hasta la unidad policial y ante la actitud violenta de manifestantes y personas que realizan servicio de taxi en motocicletas (mototaxistas), se interpuso entre la víctima y los agresores.
“Pedí que se calmen para dialogar; sin embargo, exigían al periodista y su celular”. Pero mientras los mototaxistas rodeaban las instalaciones (de la policía), otro grupo golpeaba al camarógrafo Joel Orellana y al chofer Iván Escóbar. Rompieron todos sus equipos de trabajo y reventaron las dos llantas traseras del motorizado.
Los agresores estaban divididos; unos exigían la entrega de los periodistas a los manifestantes y otros apoyaban la idea de que abandonaran la ciudad. Tras una negociación, según la versión de El Deber, la Policía sacó de la región a los comunicadores con una escolta que facilitó el retorno de los cuatro enviados de prensa a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, calificó al hecho de “secuestro” y atribuyó la acción a seguidores del partido del expresidente Evo Morales (2006-2019), el Movimiento al Socialismo (MAS). “El MAS se equivoca al recurrir a la violencia política. Responderemos con democracia y ley”, escribió en su cuenta de Twitter.
Desde sus redes sociales, la presidente Jeanine Áñez lamentó la violencia contra periodistas: “Lamentablemente el ‘evismo’ opta por la violencia. Vuelan torres, secuestran periodistas y ahora hacen una ley que golpea la seguridad de las familias y apoya la violencia de dirigente Es un mal camino”.
El presidente de la Asociación de Periodistas de la ciudad de Santa Cruz, Roberto Méndez, expresó que los hechos de violencia de hoy encierran un “concurso de delitos” que van desde el atentado contra la vida y la integridad personal, además de la obstrucción a la libertad de trabajo y obstaculización a la labor de prensa. Pidió al gobierno una “minuciosa investigación” y castigo a los culpables.
La Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz exigió a la Fiscalía General y al Ministerio de Gobierno una investigación de este caso y otros registrados en el último mes.
