Gobierno debería considerar bajar sueldos en sector público

La pandemia del Covid-19 encontró a una América Latina vulnerable, y a una Bolivia desprotegida, debido a que los ingresos significativos que ingresaron al país no se invirtieron inteligentemente, por ello el confinamiento no es sostenible, y la paralización económica tampoco, por ello se plantea analizar un seguro de desempleo y bajar salarios en la administración pública.

El planteamiento fue realizado por Ciro Añez Núñez, experto en temas jurídicos empresariales, en su blog denominado “Digamos las cosas como son”, evitando el engaño y el autoengaño.

En el mismo pone como ejemplo a Uruguay, cuyo país ni bien surgió el problema del Covid-19 en su región, la clase política sensible con su sociedad, inmediatamente buscó consensos y determinó como primera medida el achicamiento del Estado y el ajuste de sueldos en la función pública reduciendo al 20 % para la adquisición de la mayor cantidad de tests de Covid.

Mientras que en Bolivia en ningún momento existió tal visión más por el contrario se prefirió una cuarentena total sin tomar en cuenta las peculiariedades de cada departamento ni permitiendo desde un inicio que los entes territoriales autónomos asuman su rol protagónicamente en la gestión de la salud pública y se prefirió más apretar al sector privado con obligaciones insostenibles colmadas de cargas no acordes a la realidad.

Lamenta que la obligatoriedad de no reducción salarial en las empresas, sin acompañar con alguna política que constituya verdaderamente un aliciente para el sector privado, no son apoyos reales.

“Eso de diferir los pagos implica tan solo acumulación de deudas, más que beneficio es un total perjuicio a mediano y largo plazo, tampoco se bajaron los impuestos de forma temporal (a diferencia de Uruguay que ya lo está haciendo), etc., y a todo eso, sumar las desavenencias perniciosas entre Legislativo y Ejecutivo, buscando ventajas recibiendo sus sueldos completos en todo el sector público (tanto nacionales, locales como diplomáticos) sin descuento alguno”, señala.

Entretanto, “el pueblo sufre empobrecimiento y todas las consecuencias de un sistema sanitario colapsado por la falta de previsión por parte del anterior gobierno y también lamentablemente por la actual gestión ante los procesos judiciales por corrupción, por ejemplo la irregularidad en la compra de respiradores, etc”, agregó.

Sostiene que si el Estado ha ido restringiendo derechos de manera temporal bajo el criterio de la excepcionalidad (por Ej.: la propia cuarentena total privó y priva el derecho a trabajar libremente, lo cual obviamente provoca un fuerte impacto de falta de liquidez y productividad en las empresas), entonces para evitar y/o mitigar los despidos masivos, mínimamente el Estado debería hacer lo mismo.

Mediante ley permitir el “descuento salarial temporal” dada esta situación totalmente excepcional, como lo es una pandemia global, que no es responsabilidad del empleador ni del trabajador, plantea y señala que esta tarea desde un comienzo debió ser vista y analizada por el Legislativo.

El Ejecutivo y el Legislativo, en base al descuento salarial en la función pública y otros ajustes más de achicamiento al Estado, debieran analizar con los expertos economistas y especialistas financieros, sobre la viabilidad o no de concretar el “seguro de desempleo” previsto en el art. 45-III de la Constitución, teniendo en cuenta que es una medida de largo aliento, donde se requieren determinaciones de orden administrativo de implementación del ente gestor, expone.