Se ha hecho una especie de norma que cada gobierno trabaje con personas de su entorno y confianza; pero todo muestra que el actual régimen ha descuidado este aspecto porque la colectividad siente que muchos de los yerros cometidos en las acciones gubernamentales proceden de militantes masistas que siguen ocupando funciones en la administración pública. Y ellos, conforme a mandatos de sus superiores partidistas, estarían obligados a boicotear y perjudicar todo lo que haga la Presidenta, sus ministros y colaboradores.
Lo ideal es que la burocracia gubernamental esté conformada por funcionarios profesionales, idóneos, honestos y responsables, que se caractericen por trabajar por el país y dejen de lado intereses político partidistas. Efectivamente, se espera que los mejores que hayan trabajado con el régimen anterior sean parte del actual equipo y que los actuales, con un nuevo régimen también fortalezcan una administración pública, para que sea eficiente, honesta y responsable, ajena a intereses político partidistas. Pero todo muestra que ahora no se cumple con esa regla ideal y que la militancia masista continúa en funciones no para trabajar sino para boicotear.
Contrariamente al ideal mencionado, hay hechos que muestran conductas nada dignas de funcionarios que estarían empeñados en que fracase el gobierno y ello va contra toda regla de decencia y honestidad, lo que no se debe aceptar y menos consentir porque lo que se haga mal hace daño al Estado y no solo al gobierno. Sería aconsejable que el gobierno revise sus cuadros de colaboradores y escoja a los mejores y prescinda de aquellos que tengan posiciones negativas; de otro modo, no habrá coherencia, efectividad y buen desempeño de los funcionarios.
De todos modos, lo urgente es que rija la institucionalidad y los empleados gubernamentales sean escogidos de ternas claras y debidamente selectas, ajenas a intereses que no sean del Estado o del mismo gobierno; que cesen las improvisaciones o las encomiendas partidarias que inicialmente dieron lugar a contrataciones provisionales que, en muchos casos, han resultado graves errores porque se trata de personas sin idoneidad ni condiciones propias para un correcto desempeño.
La fortaleza de un gobierno debe radicar en la calidad de su burocracia, que contribuya con sus méritos y profesionalismo al éxito de la gestión gubernamental. En el caso del actual gobierno, la Presidenta de la República y sus ministros tienen que tener la seguridad de que sus colaboradores son dignos de confianza y merecen hasta conocer los detalles de todo lo que hace el equipo para contribuir con orientaciones y consejos en caso necesario.
Es muy importante también que se prescinda de la vieja costumbre de que cada ministro escoja a todo el personal que trabaje con él. Está bien que el inmediato sea escogido por el ministro, pero los demás, si poseen los méritos y condiciones debidas, que sigan en funciones porque se entiende que si llegaron a la función que desempeñan es porque lo merecen, por condiciones profesionales necesarias para la dependencia, más que para el alto funcionario cuya permanencia en el cargo depende de circunstancias políticas.
Es urgente, pues, que el gobierno trabaje con personal altamente capacitado y que sus méritos y condiciones sean la mejor certificación para un buen desempeño en servicio del Estado y que cada gobierno sepa utilizar y valorar.
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