León pide investigar a Quintana y Álvaro García por caso Catler

El abogado Eduardo León aseguró a EL DIARIO que el Ministerio Público debe iniciar una investigación por actos relativos a la función que desempeñaban Álvaro García y Juan Ramón Quintana, tras las declaraciones del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, quien apuntó a las dos exautoridades como los autores intelectuales del caso Catler Uniservice, incluyendo el asesinato del empresario Jorge O’Connor.

El jurista aclaró que se debe iniciar un nuevo proceso, no reabrir los casos, porque tanto Catler Uniservice, así como el asesinato del empresario Jorge O’Connor ya tienen sentencias.

“En este caso, emergen nuevos elementos que están relacionados con lo que se denomina terrorismo de Estado, o la responsabilidad de autoridades que en su momento, teniendo la responsabilidad a su cargo, habrían promovido este hecho. Se puede abrir un proceso diferente por actos relativos a la función que ellos desempeñaban”, apuntó.

Manifestó que el Ministerio Público debiera convocar a declarar a Ramírez para que con su verdad pueda ilustrar aspectos contradictorios, o vacíos legales del caso, y en función a los datos abrir un proceso en base a la presunción de los elementos que puedan presentarse, “porque es una declaración extremadamente delicada”.

Asimismo, dijo que él, que vio el caso de principio a fin, porque defendió a uno de los imputados en el caso Catler Uniservice, está presto a dar la información que requiera la Fiscalía, porque observó irregularidades que se cometieron en el proceso.

CONTRADICCIONES

Eduardo León, que defendió a Javier Navia, asegura que advirtió una serie de contradicciones en el caso del asesinato del empresario Jorge O’Connor, siendo que muchas personas fueron absueltas y solo los hermanos Rodríguez Caero fueron sentenciados a 30 años de prisión.

“La situación procesal emergía una serie de contradicciones, particularmente, jamás se pudo aclarar la muerte del señor O‘Connor de manera concreta, jamás se pudo establecer la autoría de las personas que fueron juzgadas, y por el contrario no se estableció quiénes habrían sido las personas que abatieron al empresario, ya que si bien se inculparon, nunca dijeron cómo fue”, dijo.

Por otro lado, apuntó que la Procuraduría General del Estado debe iniciar las investigaciones del caso porque hubo un daño al Estado por casi 500 millones de dólares y las dos personas que fueron responsables, se acogieron a un proceso abreviado, logrando una pena mínima y pagando un monto de 500 dólares cada uno.

“YPFB representado esa vez por sus abogados llegaron a un acuerdo de proceso abreviado con las dos personas responsables del hecho, quienes pagaron a 500 dólares, cada uno, por costas procesales al Estado. No tomaron en cuenta que ellos eran los responsables y les hicieron aparecer como testigos, manipulando la justicia, porque de este proceso cuyo daño económico fue más de 500 millones de dólares, solo recuperaron mil dólares”, lamentó.

El jurista aseguró que el Ministerio Público, manejado en ese entonces por los fiscales Isabelino Gómez, Edwar Mollinedo y César Romano, que en algún momento estuvieron dirigidos por William Alave y Nardy Suxo, jamás explicaron por qué accedieron a un procedimiento abreviado de personas involucradas y proponiéndoles una pena y monto bajo, siendo que el daño económico fue cuantioso.

“Habría que establecer la responsabilidad de los abogados de YPFB de ese entonces y no hay que olvidar que Isabelino Gómez, estuvo en la cárcel después de haber sido fiscal departamental de Santa Cruz, al igual que Edwar Mollinedo, ambos fueron vinculados al proceso de consorcio de fiscales, jueces, policías y abogados, y entraron a la cárcel, porque se descubrió que la manipulación que hacían desde el Ministerio de Gobierno donde estaba de ministro Carlos Romero. Es una cadena de corrupción muy grande que rodea este proceso”, apuntó.

“PATRAÑADA”

El lunes, en el programa Antes del Mediodía de radio Fides, Santos Ramírez manifestó que García y Quintana habrían organizado “una patrañada”, para acusarlo de recibir sobornos ya que su persona se perfilaba como acompañante de Evo Morales en el binomio que se presentaría en las elecciones nacionales del 2009.

En cuanto a la muerte del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach, Ramírez aseguró que el suceso fue planificado por García y Quintana, ya que el deceso destapó el presunto caso de corrupción por el intento de entrega de casi medio millón de dólares para consolidar el contrato de construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande. Según investigaciones, el fallecido debía cerrar el trato.

“Estoy seguro y convencido, esa es la muerte que organizan Álvaro y Juan Ramón (…) En este momento, un hermano de quien voy a guardar el nombre, está cumpliendo su pena en una de las cárceles del país y me dijo: ‘A nosotros nos contrataron para primero matar a dos o tres personas, no nos dijeron a quiénes. Nos contrataron a cuatro bolivianos y tres peruanos’”, lamentó.

Ramírez aclaró que antes de su aprehensión en 2009, habría solicitado que la Contraloría inicie auditorías al proyecto de la planta separadora de líquidos Río Grande en Santa Cruz y estaba dispuesto entrar a un proceso si encontraban alguna irregularidad.

“Hacen aparecer 16 millones y dicen que yo hubiera recibido o alguien hubiera estado llevando el dinero para que reciba 450 mil dólares, eso fue lo que se armó”, dijo.