> Ejecutivo, legislativo, asambleas departamentales así como concejos municipales deberían asumir la determinación de reducir sus ingresos personales
La pandemia provocó que la mayoría de los bolivianos así como los micro, pequeñas, medianas y grandes empresas reduzcan sus ingresos por el establecimiento de la cuarentena para que el virus no se propague, sin embargo, el sector público mantuvo sus salarios, y no se solidarizó con la población pobre, y es por ello que por un decreto se hubiera bajado los salarios y se hubiera enfrentado a la emergencia de mejor manera ante la disminución de los recursos.
El pasado fin de semana, el experto en derecho empresarial, Ciro Añez, publicó un artículo en su blog titulado: “Digamos las cosas como son”, evitando el engaño y el autoengaño, en el que a raíz de una foto explica que el confinamiento tiene un costo económico alto, y plantea que por excepción las autoridades pueden bajar salarios así como implementar un seguro de desempleo.
“La gente en líneas generales ya lleva tres meses de encierro y cualquier política de encierro tiene un alto costo económico tanto para el Estado pero principalmente para las personas particulares. Seamos realistas no habrá billetera que aguante en el sector privado si no existe productividad, al respecto hace meses ya escribí un artículo titulado: ‘El coronavirus puede también matar las empresas’”, reflexiona.
La reducción de salarios en el sector público debería estar entre 30 % a 50 %, y urge hacerlo, señala y a la consulta cómo aplicar la medida, explica que en el sector público, el Sistema de Administración de Personal SAP está regulado por el DS26215, y sí se dispone una rebaja de sueldo, tendría que ser por un Decreto Supremo.
El DS 26115 de 21/03/2001 de Normas Básicas Sistema de Administración de Personal es la normativa a aplicar para la sugerencia de la disminución de sueldos en el sector público.
Mercado interno
Por su parte, el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott, explicó que el dinamismo del mercado bajará y obviamente el desempeño de la actividad económico a nivel nacional, y esto supondrá una disminución de ingresos para el erario nacional.
Ante ese contexto adverso, señaló que el Estado debe optimizar el uso de recursos para garantizar los servicios públicos.
Explicó que la disminución de recursos también provocará déficit fiscal, por ello el Estado deberá enfocarse en bajar el mismo, y la disminución de gastos guardar relación con la de ingresos que tiene el Gobierno.
Ante ese panorama, plantea dos caminos, uno que todo el sector público reduzca sus gastos mediante la disminución de sus salarios, y de este modo aliviar la carga al Estado; y por otro lado que los actores de representación, que son meramente nominal, también deberían contribuir, tomando la misma determinación.
“El parlamento nacional, las asambleas departamentales y concejos municipales tienen que hacer esfuerzos al igual que todos los bolivianos, de reducir sus salarios. Lo propio tiene que suceder en las empresas del estado”, opinó Bellott.
Dijo que las empresas del Estado tienen que ser eficientes y rentables, y la eficiencia y rentabilidad guardan relación con los costos fijos que estas tienen.
Sobre la decisión de los parlamentarios de bajar su salario, Añez sostiene que lo ideal es que surja de ellos mismos y que lo hagan por ley para todos.
Flujo
La decisión que se tome, en bajar sueldos, puede disminuir los flujos de liquidez en el mercado nacional, pero la paralización de la actividad económica sumada a la cuarentena, la reducción es un hecho.
Tenemos que ser coherentes con la nueva relación que se va a vivir, dijo y añadió que el Estado debe reducir sus costos operativos y en personal, y está convencido de que hay posibilidades de optimizar los costos.
También queda otra alternativa, que significa prescindir de un gran número de funcionarios públicos, que a la fecha van en más de 500.000, pero significaría dejar sin trabajo, y esto tampoco se debería aplicar.
Muchos sectores de la población solicitaron a las autoridades nacionales, legislativas, asambleístas bajar sus salarios para encarar la pandemia.
CONTEXTO
A estas alturas de confinamiento está por demás de claro y evidente de que el país carece de esa cuarentena sostenible y lo más preocupante de todo, es la falta de sensibilidad y verdadera solidaridad de las autoridades y servidores públicos (no solo lo digo por el Ejecutivo también por el Legislativo y todo el aparataje estatal).
La cuarentena total privó y priva el derecho a trabajar libremente, lo cual obviamente provoca un fuerte impacto de falta de liquidez y productividad en las empresas), entonces para evitar y/o mitigar los despidos masivos, mínimamente el Estado debería hacer lo mismo, es decir, mediante ley permitir el “descuento salarial temporal” dada esta situación totalmente excepcional, como lo es una pandemia global, que no es responsabilidad del empleador ni del trabajador.