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Caso respiradores
En audiencia de medidas cautelares, el juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Nº 1, Alan Zarate, determinó la detención domiciliaria, arraigo y una fianza de Bs 20.000, para el cónsul de Bolivia en Barcelona (España), Alberto P., imputado por la copra con presunto sobreprecio de 170 ventiladores españoles.
El abogado defensor, Luis Fernando Roca, manifestó que desvirtuó la participación de su defendido en cualquier hecho irregular de los 170 respiradores.
“Él solamente verificó que los equipos estén en fábrica y sean embarcados rumbo a Bolivia, él cumplió la misión que le encomendaron”, dijo
El diplomático fue imputado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias por la supuesta compra irregular de 170 respiradores, hecho que fue denunciado el 16 de mayo luego de la entrega de esos equipos en Santa Cruz.
En su declaración informativa, el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando V., manifestó que el diplomático fue quien negoció la compra de los ventiladores con la empresa española.
La hermana del diplomático, Érika Pareja, lamentó la falta de cooperación de la Cancillería y pidió que se haga justicia.
“Él va a demostrar su inocencia, él no ha tenido nada que ver, ha presentado informes, ha venido aquí con recursos propios, si hubiera tenido la culpa de algo nunca hubiera vuelto a Bolivia porque tenía todo para quedarse en Europa, pero llegó, incluso en plena cuarentena se pagó su pasaje”, aseveró.
El abogado del diplomático manifestó que su cliente será trasladado a la ciudad de Santa Cruz para cumplir la medida en esa ciudad, la autoridad judicial no fijó ninguna presentación ante la Fiscalía, como sucede en otros casos.
