Sentencia ejecutoriada cierra caso terrorismo

El caso terrorismo concluyó esta semana con la emisión de la sentencia ejecutoriada de la absolución de los acusados, la misma que había sido dictada el 4 de febrero de 2020. La nota fue divulgada el viernes, poniendo fin a once años de un proceso que, se confirma, fue montado por el régimen de Evo Morales.

“Se ejecutoría la sentencia absolutoria del caso terrorismo. El fin de una pesadilla de más de 10 años”, tuiteó el abogado Gary Prado, al conocer el documento del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz.

Prado agradeció las gestiones realizadas por el entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la presidenta Jeanine Añez y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, al haber logrado comprobar la inocencia de ciudadanos, sobre todo de Santa Cruz, que estuvieron presos durante una década.

El excívico cruceño Zvonko Matkovic se adhirió a las palabras de Prado.

“Se cierra una de las páginas más negras de la historia Boliviana, y una de los atropellos más grandes cometidos contra el pueblo cruceño y beniano. Dios es fiel!”.

Con la sentencia ejecutoriada Zvonko Matkovic Ribera, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes, son algunos de los ciudadanos que resistieron el encierro y la cárcel durante una década, tiempo en el que nunca aceptaron responsabilidades sobre el también conocido como caso Rózsa.

Otras figuras conocidas, beneficiadas con la sentencia son Branko Marinkovic, Gary Prado Salmón y Guido Nayar, entre una veintena más.

El 16 de abril de 2009, un operativo de la unidad especial de la Policía Utarc en el hotel Las Américas de la capital cruceña desactivó la célula irregular de Eduardo Rózsa, que según el entonces régimen de Evo Morales, había llegado a Bolivia para provocar una “guerra civil”

y el magnicidio de Evo Morales.

El caso terrorismo fue bandera del régimen del MAS para desarticular a la oposición cívica y empresarial de la llamada “media luna”.

Una serie de irregularidades marcaron el proceso, desde el mismo operativo que no contó con orden fiscal, pasando por el montaje de pruebas o los informes forenses contradictorios por las muertes de Rózsa, Michael Dwyer y Magyarosi Árpád, hasta la labor del denominado “super fiscal” Marcelo Soza para implicar a unas 300 personas en el caso.

Con la sentencia ejecutoriada se abren las puertas legales para que la parte afectada con detención preventiva de 10 años, apele a instancias internacionales de derechos humanos para buscar un resarcimiento de daños.

Asimismo, desde Irlanda ya se lleva adelante una investigación sobre la muerte del súbdito europeo Dwyer, bajo la sospecha de que el operativo del Hotel Las Américas fue una ejecución sumaria antes que una acción disuasiva letal.

Los sobrevivientes del operativo, Mario Tadic y Elôt Tóásó, también anticiparon que iban a activar demandas internacionales una vez que se esclarezca todo, pero para aquello Morales y el MAS debían dejar el poder y la presión a fiscales y jueces.

El expresidente Evo Morales fue quien dio la orden para la intervención de la Utarc, según confesó públicamente, la mañana misma de los eventos desde Venezuela, acompañado del ya malogrado Hugo Chávez.

El segundo de Morales, Álvaro García, fue señalado como el autor intelectual del montaje en concordancia con su hermano Raúl, ambos exmiembros de la célula irregular Ejército Guerrillero Tupac Katari

(EGTK) que provocó explosiones y robos a remesas a principios de los años 90.

El propio exfiscal Soza, antes de salir al exilio en Brasil, reconoció que fue Raúl García el que estuvo detrás del primer atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, aquel abril de 2009, cuando se debatía la implementación de la nueva Constitución Política del Estado y los equilibrios de poder dividían al país. (VisorBolivia)